Exhortan en Congreso de Hidalgo a proteger a niñas y adolescentes madres o embarazadas

PACHUCA, Hgo., 9 de mayo de 2026.— La diputada Karla Perales Arrieta, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Hidalgo un acuerdo económico para exhortar a las autoridades a garantizar la implementación efectiva de la Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas (NAME).

La propuesta surge tras identificar fallas estructurales y prácticas institucionales preocupantes que vulneran los derechos de este sector vulnerable. La legisladora señaló que, según datos del INEGI, en Hidalgo habitan más de 275,000 mujeres de entre 10 y 19 años, quienes requieren atención prioritaria para evitar que el embarazo interrumpa su proyecto de vida.

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Denuncian fallas en el sector salud

La iniciativa resalta que, tras mesas de trabajo con organizaciones civiles y personal operativo, se detectaron barreras críticas en instituciones como el IMSS y el ISSSTE. Entre las irregularidades señaladas se encuentran:

• Criterios restrictivos: Negativa a practicar interrupciones voluntarias del embarazo a menores de 21 años, a pesar de no tener sustento legal.
• Falta de notificación: Omisión en el registro de casos de niñas embarazadas, lo que impide activar los protocolos de protección.
• "Rebote institucional": Canalización indebida de usuarias entre dependencias, lo que genera retrasos y abandono de los casos.

El embarazo infantil como consecuencia de violencia

Perales Arrieta enfatizó que el embarazo en niñas menores de 15 años es, en la mayoría de los casos, consecuencia de abuso y violencia sexual. "No es el origen del problema, sino la consecuencia de violencias previas que no fueron atendidas oportunamente", sentenció.

Recordó que la meta de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) es erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años para el año 2030, objetivo que se ve obstaculizado por la falta de coordinación interinstitucional y la discrecionalidad de algunos servidores públicos.

El Acuerdo Económico solicita formalmente a la Secretaría de Salud de Hidalgo coordinarse con el IMSS, ISSSTE y PEMEX para:

1. Asegurar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva sin condicionamientos ni discriminación.
2. Fortalecer los mecanismos de detección y notificación inmediata de casos NAME.
3. Evitar la fragmentación de los servicios y garantizar una atención integral que restituya los derechos de las menores.

La propuesta se fundamenta en marcos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la NOM-046, que obliga a las instituciones de salud a ofrecer la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación de manera inmediata y bajo el principio de buena fe.