Abandono institucional y violencia feminicida en Actopan, denuncian activistas

PACHUCA, Hgo., 25 de mayo de 2026.- El asesinato de Dulce María Ramírez Camargo volvió a dejar en evidencia la incapacidad del gobierno de Actopan, encabezado por la morenista Imelda Cuéllar Cano, para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, luego de que integrantes de colectivas feministas señalaran omisiones institucionales, falta de preparación policial y ausencia de perspectiva de género.

Yoselin Madrid, integrante del colectivo Ruido Violeta Actopan, advirtió que desde 2020 se han registrado al menos dos feminicidios en el municipio relacionados con violencia de pareja, panorama que, afirmó, refleja una problemática que continúa creciendo sin una estrategia efectiva de prevención: “Hoy fue una, pero esto va en sucesión. Hay muchos casos que desafortunadamente no se visibilizan”, expresó.

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La activista aseguró que, aunque existen carpetas de investigación y algunos delitos sí han sido tipificados como feminicidio, muchas víctimas enfrentan desconfianza hacia las autoridades, revictimización y lentitud en los procesos judiciales. Incluso, señaló que familiares y víctimas han recibido comentarios por parte de funcionarios y policías donde prácticamente se les desalienta a continuar con las denuncias: “No, pues ya deja ahí tu asunto porque no vas a obtener justicia”, relató.

Madrid criticó directamente la preparación de las corporaciones policiacas y acusó que muchos elementos carecen de capacitación para actuar como primeros respondientes en casos de violencia de género. Afirmó que las deficiencias van desde el manejo de escenas del crimen hasta la falta de protocolos para proteger a las víctimas y preservar pruebas: “En protocolos de género prácticamente Actopan está de risa”, declaró.

La integrante de Ruido Violeta también sostuvo que la violencia en el municipio no solo se refleja en feminicidios, sino en el incremento de abusos sexuales, acoso y violaciones, principalmente contra menores de edad. Según explicó, varios de los acompañamientos realizados por el colectivo involucran a niñas y niños de entre cinco y 12 años, situación que consideran alarmante. Además, vinculó el aumento de estos delitos con el crecimiento de otros problemas de inseguridad como robos y violencia comunitaria.

Las declaraciones ocurrieron en el contexto de la audiencia relacionada con el caso de Dulce María, donde familiares, colectivas y ciudadanos acudieron a exigir justicia para la joven de 21 años, asesinada presuntamente por su pareja sentimental. Para las activistas, el caso evidenció cómo las colectivas terminan asumiendo tareas de acompañamiento jurídico, psicológico y social que deberían ser atendidas por las propias instituciones gubernamentales.