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TEPEJI DEL RÍO, Hgo. 27 de mayo de 2026. Habitantes de la comunidad indígena de San Ildefonso exigieron respeto a sus usos y costumbres luego del conflicto surgido tras la asamblea para la renovación de la delegación auxiliar, proceso que derivó en acusaciones de irregularidades, intervención de funcionarios y la realización de una segunda votación por un grupo inconforme.
La comunidad originaria enfrenta un ambiente de incertidumbre después de que el fin de semana se realizaran dos asambleas comunitarias en la que se definió la continuidad de la autoridad auxiliar y se eligió a un nuevo representante, respectivamente.
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El primer procedimiento se llevó a cabo mediante el sistema de usos y costumbres, además de tener legal convocatoria de la delegación saliente, el segundo, se realizó por parte de una parcialidad inconforme con la continuidad.
Durante una mesa de diálogo con integrantes del ayuntamiento y representantes del gobierno estatal, pobladores defendieron la legalidad de la convocatoria original, al asegurar que el proceso se llevó a cabo conforme a las prácticas tradicionales de la comunidad, bajo la conducción de la mesa de debates y mediante votación a mano alzada.
De acuerdo con los testimonios expuestos, la asamblea sometió primero a consideración el cambio de delegación, propuesta que obtuvo 81 votos. Posteriormente, se votó el seguimiento de las autoridades auxiliares en funciones, la cual alcanzó 152 votos a favor.
Quienes respaldaron la ampliación del mandato señalaron que, tras agotarse los puntos contemplados en la convocatoria y con el propósito de evitar confrontaciones, se acordó posponer los asuntos generales para una sesión posterior.
Asimismo, acusaron que una vez concluida formalmente la reunión, un grupo inconforme ingresó a las instalaciones de la delegación para llevar a cabo una segunda votación en una reunión extraordinaria que -afirmaron- no estaba contemplada dentro del procedimiento comunitario.
El secretario de actas sostuvo que los hechos quedaron debidamente documentados y afirmó que la asamblea había sido cerrada oficialmente por el presidente de debates antes de que ocurrieran los acontecimientos posteriores, por lo que consideró improcedente la validez de cualquier acuerdo realizado después.
Asimismo, habitantes denunciaron presuntas presiones e intentos de incitación al conflicto por parte de personas identificadas como servidores públicos municipales, situación que solicitaron sea investigada por las instancias correspondientes.
En la serie de argumentaciones también se señaló que uno de los involucrados es originario de la comunidad, por lo que, dijeron, tiene derecho a voz y voto dentro de los procesos internos, pero aclararon que no tenía facultades para convocar a otra asamblea solo porque no aceptaba la continuidad de las autoridades en funciones.
Durante el encuentro, algunos asistentes acusaron directamente a funcionarios de intervenir en la vida interna de la comunidad, mientras que regidores presentes llamaron a separar el conflicto comunitario de intereses partidistas y privilegiar las vías institucionales para su resolución.
En respuesta, autoridades municipales señalaron que el ayuntamiento no tiene facultades para validar o invalidar una elección realizada bajo el régimen de usos y costumbres en un pueblo originario.
Precisaron que cualquier controversia relacionada con derechos político-electorales deberá resolverse ante el Tribunal Electoral mediante los mecanismos legales correspondientes.
Por su parte, representantes del gobierno estatal indicaron que ni la Secretaría de Gobierno ni el municipio pueden asumir funciones de autoridad electoral en procesos regidos por sistemas normativos internos.
Durante la reunión también se advirtió sobre el riesgo de que el reconocimiento de una segunda acta o representación derive en mayores divisiones dentro de la comunidad e, incluso, en la conformación de delegaciones paralelas.
Ante este escenario, habitantes insistieron en que su principal demanda es el respeto a la decisión tomada en la asamblea original, así como la invalidación de la segunda votación al considerar que carece de sustento legal y comunitario. Además, hicieron un llamado a evitar que intereses políticos o externos profundicen el conflicto interno.
Cabe resaltar que la autoridad municipal no ha informado de manera oficial cuál será la determinación respecto al reconocimiento de la representación auxiliar de San Ildefonso.