Números del Poder: Soberanía y construcción

PACHUCA, Hgo., 3 de junio de 2026.- Recientemente, en nuestro país se habla de soberanía. Por un lado, el Gobierno Mexicano habla de defender la soberanía tras diversos señalamientos del Gobierno de Estados Unidos y, por otro lado, la oposición manifiesta que el Gobierno la utiliza para proteger a algunos actores políticos señalados de vínculos con el crimen organizado. En realidad, este tema no es el central de estas líneas; sin embargo, déjame opinar estas breves palabras: Estados Unidos siempre tendrá los señalamientos que requiera en el momento que los requiera, en aras de justificar cualquier intervención en cualquier parte del mundo.

Dicho lo anterior, en realidad quienes deben estar alertas y ocupados de defender la soberanía nacional son nuestras Fuerzas Armadas Mexicanas. La soberanía nacional se violaría cuando sucediera cualquiera de estos eventos: intervención militar sin autorización, operativos policiales o de inteligencia extranjeros sin autorización, imposición de decisiones políticas, control territorial por una potencia extranjera y violación del espacio aéreo, marítimo o terrestre.

En este sentido, valdría la pena saber qué está sucediendo actualmente con nuestras Fuerzas Armadas. En México, a partir del año 2019, a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se les ha asignado la responsabilidad de ejecutar una parte importante del presupuesto federal destinado a obra pública.

De acuerdo con los Presupuestos de Egresos del Gobierno Federal publicados en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el periodo 2019-2026 a las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina se les han asignado más de 202 mil millones de pesos para la ejecución de obras civiles como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras. En la siguiente tabla te muestro la asignación presupuestal en materia de obra pública federal de las 5 secretarias de estado con mayor presupuesto para este rubro durante el periodo 2019-206:

En contraste, durante el periodo 2014-2018, a las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina se les asignó poco más de 5 mil setecientos millones de pesos para la ejecución de obra pública, con un promedio de 1.28 por ciento del total del presupuesto asignado a las cinco secretarías con mayor presupuesto para este rubro. Es decir, existe un cambio sustantivo entre el último gobierno federal emanado del PRI y los gobiernos morenistas, pasando de 1.28 a 23.65 por ciento del presupuesto promedio asignado a las Fuerzas Armadas para la ejecución de obra pública.

Ahora bien, una vez que conocemos estos montos, estimado lector, vamos a centrarnos en si legalmente es correcto que las Fuerzas Armadas ejecuten obra pública, porque estoy seguro de que a muchos de ustedes les parece atípico que sean las Fuerzas Armadas quienes ejecuten obra civil pública.

La respuesta es que, hasta antes de abril de 2025, el argumento legal del gobierno carecía de un sustento expreso de peso, toda vez que se refería a ello como un asunto de seguridad nacional, interpretando que el Presidente debe preservar la seguridad nacional; que cierta infraestructura es estratégica para la seguridad nacional; que las Fuerzas Armadas son el principal instrumento del Estado para proteger la seguridad nacional y que, por lo tanto, pueden participar en la construcción de esa infraestructura.

Este argumento legal parece forzado y da lugar a diversas interpretaciones jurídicas. Por ello, en abril de 2025 se reformó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dicha reforma estableció principalmente lo siguiente:

A) Que una dependencia pública puede ejecutar obras para otra dependencia.
B) Que puede fungir como contratista si acredita capacidad técnica, material y humana.
C) Que los proyectos estratégicos ejecutados por las Fuerzas Armadas tienen un régimen especial.

¿En el mundo existen gobiernos en donde sus Fuerzas Armadas ejecuten obra pública? La respuesta es sí. Existen países como Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Turquía, Pakistán y Egipto donde las Fuerzas Armadas ejecutan obra civil pública; sin embargo, a excepción de Egipto, el ámbito de actuación de los demás países es mucho más reducido que el modelo actual mexicano, toda vez que en su mayoría se limita a la construcción de obras relacionadas con la defensa nacional o la reconstrucción por desastres naturales. Sin embargo, el caso de Egipto es mucho más amplio, toda vez que en ese modelo las Fuerzas Armadas construyen desde infraestructura para la defensa nacional hasta carreteras y vivienda.

Finalmente, uno de los argumentos más validados para que en México las Fuerzas Armadas ejecuten una parte importante del presupuesto anual destinado a obra pública es que hoy son las instituciones en las que más confiamos los mexicanos, con un 75.9 % de confianza, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública 2025, elaborada por el INEGI.

En conclusión, el modelo mexicano al que nos hemos referido es totalmente legal a partir de abril de 2025. Antes existen elementos jurídicos sujetos a debate. Será el tiempo y las circunstancias políticas quienes dispongan de ello. Por otro lado, tampoco es un modelo único; internacionalmente existen modelos similares, aunque no son muchos.

Y, finalmente, si el argumento más fuerte es que este modelo disminuía el riesgo de corrupción en la contratación de proyectos de inversión prioritarios, es válido pensar que los gobiernos morenistas que iniciaron a partir de 2018 no confiaban en las estructuras institucionales existentes y que, en consecuencia, con el paso del tiempo se encargarían de construir mejores instituciones para garantizar la optimización de los recursos públicos. Si definitivamente no lo han materializado, resultaría un fracaso absoluto de las promesas que hicieron, toda vez que precisamente el combate a la corrupción fue uno de los principales ofrecimientos realizados a los ciudadanos.

Ahora es tiempo, más que nunca, de que nuestras Fuerzas Armadas se dediquen única y exclusivamente a la seguridad nacional y a la defensa de nuestra soberanía nacional, porque seguir distrayéndolas en tareas que no debieran ser prioritarias para ellas vulnera la seguridad nacional y pone en riesgo la soberanía nacional.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.