Muertes de internos en penales de Hidalgo obligan a reforzar vigilancia: Menchaca

PACHUCA, Hgo., 17 de junio de 2026.- Los recientes fallecimientos registrados en centros penitenciarios de Hidalgo, particularmente el ocurrido esta semana en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tulancingo, llevaron al gobernador Julio Menchaca Salazar a reconocer que existen áreas de oportunidad para fortalecer los mecanismos de prevención y vigilancia dentro de los penales del estado.

El caso más reciente se registró el pasado 15 de junio en el Cereso de Tulancingo, donde una persona privada de la libertad fue localizada sin vida en el área de sanitarios. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), los primeros indicios apuntan a un probable suicidio. El interno, identificado con las iniciales A.P.I., de 50 años de edad, recibía atención psicológica especializada desde diciembre de 2025 tras un intento previo de quitarse la vida.

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Cuestionado sobre los decesos ocurridos en los centros penitenciarios durante su administración, Menchaca señaló que cada caso es investigado por el Ministerio Público para determinar si existió alguna responsabilidad institucional o fallas en los protocolos de supervisión.

“Hay muchas áreas de oportunidad y de mejorar”, afirmó el mandatario estatal, quien reconoció que la obligación del gobierno es reforzar las políticas públicas encaminadas a prevenir la violencia y las autoagresiones dentro de los reclusorios.

El gobernador explicó que, en el caso reciente de Tulancingo, el interno ya contaba con seguimiento psicológico e incluso antecedentes documentados de intentos de autolesión. No obstante, admitió que cuando una persona toma la decisión de atentar contra su vida puede buscar diversas formas para hacerlo.

De acuerdo con reportes periodísticos, el fallecimiento registrado esta semana se suma a otros decesos ocurridos en el Cereso de Tulancingo durante los últimos meses, algunos de ellos relacionados con presuntos suicidios, situación que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de vigilancia y atención a la salud mental de las personas privadas de la libertad.

Menchaca sostuvo que cada muerte registrada dentro de un penal obliga a revisar los procedimientos internos y reiteró que las investigaciones ministeriales serán las encargadas de determinar si existieron omisiones por parte de las autoridades penitenciarias.