El fracaso anunciado del registro de telefonía móvil

PACHUCA, Hgo. 30 de junio del 2026.- La identificación obligatoria de las líneas de telefonía móvil ha sido un objetivo recurrente del Estado mexicano. Planteado como una herramienta para combatir la extorsión, el proyecto ha sido impulsado en tres administraciones distintas y ha fracasado en las tres por las mismas razones: desconfianza ciudadana, registros apócrifos y violaciones al derecho a la privacidad.

Fue en 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando se inició en México el registro de números celulares mediante el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT). Se pretendía obtener los datos de todos los usuarios en un contexto de incremento de las extorsiones a nivel nacional.

Esta orden gubernamental terminó en fracaso, pues la mayoría de los usuarios no se registró y muchos de los registros resultaron apócrifos. La iniciativa quedó sin efectos.

Años después, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto fue retomado bajo el nombre de Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). En 2021, obligaba a todas las líneas telefónicas a registrarse ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La diferencia sustancial con el primer proyecto era que este ya preveía la obligación de entregar datos biométricos.

Nuevamente, la iniciativa fracasó. Tanto el INAI como el IFT promovieron recursos legales ante el Poder Judicial de la Federación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que dichas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión violaban el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.

El 9 de enero del presente año se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles. A partir de ese momento se estableció que todas las líneas telefónicas móviles en México, tanto de prepago como de pospago, deberían estar vinculadas a una persona plenamente identificada.

Se fijó como plazo límite el 30 de junio de este año, fecha que se ha cumplido sin que se alcanzara el objetivo del Gobierno Federal.
De acuerdo con informes gubernamentales, hasta el día de hoy se han vinculado o registrado más de 63 millones de líneas telefónicas de las más de 144 millones existentes en el país, lo que representa menos del 50 por ciento del total.

Por esta razón, el Gobierno Federal se vio obligado a otorgar una prórroga escalonada que concluirá en el mes de diciembre, conforme a lo señalado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, atendiendo a la terminación del número de telefonía celular.

Cabe señalar que la finalidad del Gobierno Federal podría considerarse legítima, pues contar con un registro nacional de usuarios de telefonía móvil podría ayudar a combatir delitos como la extorsión.

El problema central radica, sin embargo, en que, por malas experiencias previas, los usuarios no confían en entregar sus datos personales para que sean utilizados por el Estado.

Existen antecedentes de la venta del padrón electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de la comercialización del primer padrón del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en el año 2010.

Aunado a lo anterior, existen señalamientos de que el Gobierno, a través de sistemas de inteligencia, ha intervenido líneas telefónicas de periodistas y ciudadanos opositores al régimen. Periodistas como Carlos Loret de Mola han denunciado la intervención de sus comunicaciones privadas mediante el software espía Pegasus, del cual el Gobierno Federal posee licencia y que, aunque fue creado para combatir al crimen organizado, en México se le ha dado un uso distinto.

Se estima difícil que el resto de las líneas celulares se vinculen dentro del plazo otorgado como prórroga, debido a la desconfianza de la ciudadanía hacia el Gobierno Federal y al temor de ser espiados por el propio Estado.

Debe considerarse que los proyectos gubernamentales deben socializarse de manera que la población los perciba como un beneficio y no como un acto de acoso o como una desventaja frente a posibles delitos. Mientras ello no ocurra, será difícil que la ciudadanía confíe en el Gobierno y, como en este caso, que vincule sus líneas telefónicas a su identidad.

Como señala una frase de autor anónimo: "No le tengo miedo a un gobierno que me vigila, le tengo miedo a un pueblo que no lo cuestiona". Y usted, ¿ya vinculó su línea?

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.