Exhorta Congreso local a sancionar uso indebido de cajones para discapacitados

PACHUCA, HGO., 7 julio 2026- Diputados locales de Morena propusieron un exhorto para que los 84 municipios incorporen en sus respectivos bandos de gobierno sanciones contra quienes ocupen espacios de estacionamiento destinados a personas con discapacidad.

En asuntos generales, conminan a que las alcaldías realicen las adecuaciones correspondientes a sus Bandos de Policía y Gobierno, Reglamentos de Tránsito o disposiciones normativas equivalentes, a efecto de incluir medidas administrativas y sancionatorias aplicables a quienes ocupen, sin derecho, autorización o acreditación correspondiente, los espacios de estacionamiento destinados al uso exclusivo de personas con discapacidad, incluidos los aparcaderos privados. El objetivo es garantizar el derecho a la accesibilidad, movilidad e igualdad sustantiva de este sector de la población.

Como parte de la exposición de motivos, los legisladores destacaron que la ausencia de disposiciones específicas genera escenarios en los que las personas con discapacidad tienen limitado el acceso efectivo a espacios que fueron diseñados precisamente para compensar las barreras de movilidad que enfrentan.

“En la práctica, resulta frecuente que dichos cajones sean ocupados por personas que no cuentan con discapacidad ni acreditación alguna para utilizarlos, sin que exista un mecanismo claro, expedito y eficaz para corregir esta conducta o imponer una sanción administrativa que desincentive su repetición”.

Además, el planteamiento subrayó que los ayuntamientos, en ejercicio de sus facultades reglamentarias y de policía administrativa, pueden establecer disposiciones que permitan prevenir, vigilar y sancionar la ocupación indebida de espacios reservados para personas con discapacidad, incluyendo aquellos ubicados en estacionamientos privados de uso público. Con ello se busca contribuir a inhibir vacíos normativos existentes, dotar de eficacia a las medidas de accesibilidad ya implementadas y fortalecer la protección de los derechos de un sector de la población que históricamente enfrenta barreras para su plena inclusión social.

Finalmente, la propuesta sostiene que los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refieren que la accesibilidad no constituye una política pública opcional ni una medida de carácter asistencial, sino una obligación jurídica derivada de los principios constitucionales de igualdad, inclusión, no discriminación y respeto a la dignidad humana.

Por ello, la ocupación indebida de espacios de estacionamiento reservados representa una conducta que afecta el ejercicio de derechos fundamentales y genera barreras adicionales para la movilidad, lo que justifica la adopción de disposiciones que permitan prevenir, corregir y erradicar estas prácticas en todo el territorio del estado, incluidos los estacionamientos privados de uso público.