Cuando la deuda baja, pero los pasivos aumentan

PACHUCA, Hgo., 21 de julio de 2026.- El Gobierno del Estado de Hidalgo debe más a acreedores diversos y proveedores que en créditos bancarios.

Recientemente, en el mes de junio, el Gobierno del Estado de Hidalgo informó que ha reducido la deuda pública de la entidad de 3,906 a 2,200 millones de pesos, lo que representa poco más del 42 por ciento.

Dicho lo anterior, analicemos el comportamiento de la deuda pública desde el inicio del sexenio anterior, encabezado por Omar Fayad, y hasta el primer trimestre del año 2026.

Los datos que informó el Gobierno en el mes de junio son correctos; sin embargo, solo se refieren a los créditos obtenidos con instituciones bancarias, es decir, únicamente a aquellas obligaciones de pago que tiene el Gobierno con los bancos por la contratación de financiamientos. No incluyen las obligaciones de pago con acreedores diversos y proveedores, las cuales incluso son mayores.

Respecto de la deuda pública referente a los créditos bancarios, al inicio del año 2016, cuando inició la administración de Omar Fayad, se tenía registrada una deuda inicial de poco más de 5,697 millones de pesos. Al término del segundo semestre del año 2022, cuando concluyó su mandato, se registraba una deuda de 4,134 millones de pesos; es decir, durante el sexenio pasado se amortizó la deuda pública por 1,563 millones de pesos, equivalente al 27 por ciento. Por lo tanto, es la administración actual la que más ha amortizado esa deuda, con más de 1,700 millones de pesos y en un plazo menor (menos de cuatro años).

Por otro lado, el costo financiero de esta deuda bancaria —es decir, intereses y demás accesorios— ha sido, desde el año 2016 hasta el segundo trimestre del año 2026, de 103.64 por ciento. En otras palabras, se ha pagado más por intereses y accesorios que por capital. En la siguiente tabla se muestran las amortizaciones y el costo financiero durante dicho periodo.

Ahora bien, hasta ahora hemos analizado los “números del poder” respecto de los créditos bancarios; sin embargo, existe otro monto integrado por acreedores diversos y proveedores que, para efectos de esta entrega, denominaremos “otros pasivos”. Al cierre del tercer trimestre de 2016 este rubro reflejaba un importe de 4,044 millones de pesos. Al término del segundo trimestre de 2022 se registraban 2,540 millones de pesos, lo que significa una disminución de 1,504 millones de pesos, equivalente al 37 por ciento. Por su parte, en la administración actual este rubro pasó de 2,037 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2022 a 3,261 millones de pesos al primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento de más de 1,224 millones de pesos, equivalente al 60 por ciento. En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de los importes de “otros pasivos” del periodo comprendido inicio del año 2026 y primer trimestre del año 2026.

Finalmente, en la siguiente tabla y gráfica se muestra el comportamiento de los saldos finales de la deuda con instituciones bancarias, los otros pasivos y el total de obligaciones correspondientes al periodo 2016–primer trimestre de 2026.

Una vez analizado lo anterior, se concluye que, si bien la deuda con instituciones bancarias ha sido amortizada en mayor porcentaje y en menor tiempo por la administración actual (42 por ciento contra 27 por ciento del sexenio anterior), también es cierto que el rubro de “otros pasivos” se ha incrementado en un 60 por ciento. Por otro lado, el costo financiero de la deuda bancaria equivale a poco más del total de los pagos a capital; es decir, hasta el primer trimestre de 2026, desde el inicio de 2016, se ha pagado prácticamente dos veces esa deuda debido al elevado costo financiero contratado. Por lo anterior, sería mucho más correcto y transparente declarar que la deuda pública reportada asciende a más de 2,200 millones de pesos, precisando que el Estado además mantiene otros pasivos que incrementan el monto total de sus obligaciones.

Pareciera que estas conclusiones son las más importantes; sin embargo, permítame expresar cuál es, para mí, el dato más relevante. Se trata de los más de 4,044 millones de pesos registrados al inicio del sexenio pasado en el rubro de “otros pasivos”, saldo que heredó el gobierno de Francisco Olvera y que, desafortunadamente, en las notas a los estados financieros incluidas en las cuentas públicas del periodo 2016–2025 no se aprecia desglosado para conocer a quién y por qué concepto se debían más de 4 mil millones de pesos. Aquí surge una pregunta: ¿por qué se ha venido pagando este saldo durante los últimos diez años?

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.