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PACHUCA, HGO, 7 de agosto de 2026- Aunque el titular de la Secretaría de Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, afirmó en 2024 que, con la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado (ITAHI) la atención y respuestas a las solicitudes de la ciudadanía serían mejores, en lo que va del año son más recurrentes las quejas y omisiones por parte de los sujetos obligados en Hidalgo.
Tras la reforma constitucional que impulsó Morena y sus aliados, en la cual eliminaron órganos autónomos reguladores de competencia y otros como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tales cambios incluían la supresión de dichos entes a nivel estatal.
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Sobre ello, en diferentes entrevistas, el funcionario hidalguense aseveró que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) seguirá en operación, sin cambios o suspensiones, de igual manera, todo el personal del ITAIH formaría parte de la secretaría, distribuidos en las diferentes áreas jurídicas, de transparencia, órganos internos de control, tecnologías, administrativas y de comunicación social.
Por tanto, a partir de las nuevas atribuciones, la Secretaría de Contraloría vigila que los 139 sujetos cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, en esto incluye a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, partidos políticos, presidencias municipales, sindicatos, órganos autónomos y de la sociedad civil.
En lo que va del año, Quadratín Hidalgo realizó varias solicitudes de información al gobierno del estado y algunos municipios como Tizayuca para conocer algunos gastos erogados por las administraciones públicas, por ejemplo, en el caso del Poder Ejecutivo para los eventos organizados en conjunto con Presidencia de la República, pero no respondieron en los plazos y, pese a interponer quejas, los tiempos no son expeditos.
De igual manera, ciudadanos y periodistas reconocieron a este medio de comunicación que padecen la misma situación: solicitudes de información que no contestan en los 20 días hábiles que refiere la ley; respuestas sin congruencia, con enlaces rotos, incompletos o con documentos que carecen de la relación con lo pedido; argumentan que no encuentran los datos o que corresponde a otra instancia gubernamental.
Igualmente, dejan pasar el tiempo de respuesta para que sea inviable interponer recursos de revisión, y en caso de formalizar las citadas inconformidades, prácticamente tardan semanas en su resolución y la mayoría de los fallos son después de que el sujeto obligado contestó lo que quiso o que su respectivo comité de transparencia reservó la información.
Apenas, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en su conferencia matutina del 4 de agosto que firmaría un decreto “para fortalecer la transparencia en todas las entidades del Gobierno de México con el objetivo de garantizar el acceso a la información de los mexicanos a través del fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)”.