Seguridad pública y crisis del Estado de derecho en México

PACHUCA, Hgo., 8 de septiembre de 2026.- Una de las funciones esenciales del Estado, consagrada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es garantizar la seguridad pública. Dicha función constituye la base del contrato social moderno: los ciudadanos ceden parte de sus libertades y contribuyen mediante impuestos a cambio de seguridad, justicia, educación, salud e infraestructura.

El análisis de la política criminal actual exige contrastar los indicadores oficiales con la realidad criminológica que experimenta la ciudadanía. El indicador oficial muestra una reducción del homicidio doloso. De acuerdo con datos presentados por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 51% entre septiembre de 2024 y julio de 2026, al pasar de 86.9 a 42.5 casos por día.

El dato representa 44 homicidios menos al día y constituiría el nivel más bajo para un mes de julio desde 2015. Dicho logro debe reconocerse como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.Pero estos datos se contraponen con la crisis estructural de acceso a la justicia.

Conforme al diagnóstico expuesto por Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y en coincidencia con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, el 93% de los delitos no se denuncia, mientras que apenas 0.77% de los casos concluye con una sanción efectiva.

Esta cifra revela que la disminución del homicidio registrado no necesariamente implica una reducción de la violencia, sino una posible desconfianza en las instituciones de procuración de justicia. El principio de eficacia del sistema penal acusatorio se compromete cuando menos de 1% de los ilícitos alcanza una consecuencia jurídica.

A lo anterior se suma el fenómeno de las desapariciones. De acuerdo con cifras oficiales, en marzo de 2024 se contabilizaban 99,729 personas desaparecidas. Para finales de 2025, la cifra habría ascendido a 130,000, es decir, 30,000 personas más en menos de dos años.

De confirmarse la tendencia, sería necesario analizar si parte de la reducción del homicidio doloso obedece a un problema de clasificación, en el que homicidios se registran como desapariciones. Sinaloa y la territorialidad del EstadoLa fragilidad del monopolio legítimo de la violencia, en términos weberianos, se evidencia en el ámbito subnacional.

Graciela Domínguez Nava asumió como gobernadora interina de Sinaloa el 25 de agosto, tras la licencia de Rubén Rocha Moya, y estableció la paz como eje prioritario. A doce días de su gestión se documentaron 58 homicidios en la entidad, un promedio de 4.8 diarios, a pesar del despliegue de 300 elementos adicionales del Ejército Mexicano.

El caso ilustra la figura que la doctrina describe como "Estado dentro de otro Estado": cuando un grupo delictivo impone una tributación de facto, el denominado "derecho de piso", para permitir trabajar o transitar, sustituye la potestad tributaria y coactiva del Estado.

Como expuso Jean-Jacques Rousseau en El contrato social (1762), el Estado es un ente intangible producto del pacto colectivo. Cuando presenta fallas mínimas, el sistema se mantiene. Cuando, por el contrario, permite que un actor extraestatal cobre tributos irregulares y controle tramos carreteros, como se denuncia en la carretera México-Tuxpan, se rompe el pacto y se configura una zona gris de soberanía disputada.México cuenta con instituciones formalmente fuertes y con una economía que ha evitado crisis sistémicas como las del siglo XX.

No obstante, la corrupción persiste desde el nivel operativo hasta el alto funcionariado.Un factor crítico es el debilitamiento de la Fiscalía General de la República, órgano autónomo conforme al artículo 102 constitucional. Se advierte la práctica de contratación por designación especial y por relaciones personales, en detrimento del Servicio Profesional de Carrera, con contratos temporales de tres meses y con instrucciones selectivas sobre qué investigar. Ello vulnera los principios de autonomía, objetividad y profesionalización del Ministerio Público.Sin sanciones efectivas y ejemplares a funcionarios de alto nivel que obtienen recursos ilícitos a través del cargo, se perpetúa el incentivo perverso descrito por la literatura de la elección racional del delito.

Lo mismo puede decirse del Poder Judicial de la Federación. La reforma judicial ha dado lugar al fenómeno coloquialmente denominado de los "jueces de acordeón", es decir, juzgadores que, en numerosos casos, carecerían de la experiencia y los conocimientos necesarios para encabezar juzgados o tribunales.

La reducción de 51% en el promedio diario de homicidios dolosos es un dato oficial verificable y debe valorarse, pero no puede leerse de forma aislada. La persistencia de una cifra negra superior a 90% y de una tasa de sanción inferior a 1% demuestra que el problema no es solo de incidencia, sino de acceso efectivo a la justicia. El caso de Sinaloa demuestra que el despliegue militar sin fortalecimiento institucional local es insuficiente para recuperar la territorialidad.

Se propone:

a) fortalecer el Servicio Profesional de Carrera en la FGR con evaluaciones por capacidad y no por lealtad política;

b) establecer un sistema nacional de sanción efectiva a la corrupción de alto nivel;

c) vincular los indicadores de seguridad a indicadores de denuncia y judicialización, no solo a homicidios.

El Estado mexicano es uno e indivisible.

Su legitimidad no depende de ignorar a la disidencia, sino de garantizar seguridad y justicia para todos sus habitantes, sin distinción entre simpatizantes y opositores. La historia constitucional, desde la división entre liberales y conservadores en el siglo XIX, demuestra que la polarización interna ha sido aprovechada por actores externos. No debe repetirse. Como advirtió Montesquieu, no hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con los colores de la justicia.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.