Aumentan los casos de corrupción en Hidalgo; hay 97 denuncias penales

PACHUCA, Hgo., 12 de octubre de 2026.- Hidalgo registró un aumento en la proporción de personas que fueron víctimas de corrupción al realizar trámites o tener contacto con servidores públicos entre 2023 y 2025, reconoció el secretario de la Contraloría, Álvaro Bardales, quien informó que durante la actual administración se han presentado 97 denuncias penales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Durante la conferencia de prensa, el funcionario explicó que, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el incremento en la prevalencia de víctimas de corrupción fue estadísticamente significativo.

Sin embargo, atribuyó parte de este comportamiento a que actualmente existe una mayor visibilidad de las irregularidades y participación ciudadana para denunciarlas.

“Sí, tenemos un mayor incremento en el índice de corrupción, sí, porque lo hacemos visible, no lo escondemos, no lo ocultamos”, declaró.

Bardales reconoció que los resultados obligan a fortalecer las acciones para reducir las prácticas indebidas, particularmente aquellas relacionadas con trámites, servicios y el ejercicio del presupuesto público.

Respecto a las investigaciones, detalló que la Secretaría de la Contraloría ha presentado 97 denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

De estas, 42 involucran a proveedores y exservidores públicos relacionados con siete dependencias, tres organismos y 10 municipios.

El monto total señalado en las denuncias asciende a aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos, aunque esta cifra corresponde a recursos involucrados en las investigaciones y no necesariamente a pérdidas económicas acreditadas judicialmente.

El secretario sostuvo que Hidalgo ocupa el primer lugar nacional en denuncias penales por hechos de corrupción, lo que, desde su perspectiva, refleja una mayor actividad de investigación y fiscalización.

También aseguró que algunos procedimientos han derivado en detenciones de exfuncionarios municipales y sentencias de hasta 13 años de prisión.

En cuanto a la recuperación de recursos, informó que durante los cuatro años de la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar se han recuperado cerca de 500 millones de pesos.

A esta cantidad se suma la reincorporación de 435 inmuebles al patrimonio estatal, con un valor estimado superior a mil 267 millones de pesos.

Según Bardales, algunos de estos bienes eran utilizados de manera irregular, mientras que otros fueron recuperados mediante la revocación de donaciones y procedimientos administrativos.

Entre los inmuebles mencionados se encuentran espacios destinados a programas sociales, centros culturales, parques y la futura sede del Tribunal de Justicia Administrativa.

El funcionario destacó que actualmente existen alrededor de 10 mil comités de contraloría social, integrados por aproximadamente 50 mil ciudadanos, que participan en la vigilancia de obras públicas en los municipios.

Estas acciones, aseguró, buscan prevenir irregularidades antes de que se traduzcan en daños al patrimonio público.

Pese a los resultados presentados por la dependencia, el incremento de víctimas identificado por el INEGI evidencia que la corrupción continúa afectando a personas que tienen contacto con las instituciones gubernamentales.

Cabe señalar que los indicadores corresponden a mediciones diferentes: el INEGI registra experiencias de corrupción reportadas por la población, mientras que las denuncias penales y los recursos recuperados reflejan acciones de investigación y fiscalización.

Bardales afirmó que el reto de la Contraloría es lograr que la vigilancia y las denuncias se traduzcan en una reducción efectiva de las prácticas corruptas y en consecuencias para quienes cometan irregularidades.