IMSS: La salud con niveles de Dinamarca, ¿para cuándo?

PACHUCA, Hgo., 13 de octubre de 2026.- El derecho a la salud en México no es una concesión graciosa del poder público, es un derecho humano reconocido constitucional e internacionalmente. Su principal garante histórico ha sido el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lejos de la retórica oficial que anunció un sistema de primer mundo, el IMSS vive hoy entre la insuficiencia presupuestal, el desabasto y la movilización de sus propios trabajadores.

El párrafo cuarto del artículo 4º constitucional dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud”.

La Constitución de 1917 fue, en su momento, innovadora a nivel mundial por constitucionalizar los derechos sociales, pero la norma requirió de instituciones para materializarse.

Producto de las luchas sindicales posteriores a la Revolución, el Estado mexicano creó un organismo tripartito para atender la salud y la seguridad social de los trabajadores.

El IMSS fue fundado el 19 de enero de 1943 como un órgano tripartito, constituido por el Gobierno Federal y los sectores patronal y obrero, mediante un decreto del entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Su organización interna es tripartita y su naturaleza jurídica es la de organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con autonomía técnica y de gestión.

Es la institución de seguridad social más grande de América Latina. Con más de 80 millones de derechohabientes y beneficiarios, cifras operativas de 2025 reportan 520 mil trabajadores. Su cobertura va desde la consulta de medicina familiar hasta cirugía de alta especialidad, incluido el trasplante de órganos.

Desde hace más de una década se advirtió el riesgo de colapso. La causa no es solo operativa, es estructural:
a) Presión del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. El gasto pensionario bajo Ley 73 absorbe la mayor parte de las reservas, en un contexto de envejecimiento demográfico e informalidad laboral.
b) Insuficiencia para la atención médica. La falta de personal, insumos y equipamiento vulnera los principios de disponibilidad, accesibilidad y calidad del derecho a la salud establecidos en la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Cada rescate gubernamental ha sido paliativo, no estructural.

En las elecciones de 2018 en México, AMLO prometió un sistema de salud como el de Dinamarca. La promesa fue reiterada el 1 de diciembre de 2018, con plazo a mitad de sexenio, luego para el 1 de diciembre de 2020, y finalmente para finales de 2023.
La realidad fue opuesta. Desde 2019, diversos grupos de pacientes han realizado protestas por desabasto de medicamentos, con especial gravedad en pacientes oncológicos. Padres de niños con cáncer bloquearon el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, realizaron marchas en Reforma y sostuvieron huelgas de hambre por falta de ciclofosfamida, citarabina y metotrexato.

El 29 de diciembre de 2023 fue inaugurada la Megafarmacia del Bienestar en Huehuetoca, Estado de México, con 94 mil metros cuadrados y capacidad para 286 millones de piezas, presentada como la solución definitiva. A dos años de su inauguración, auditorías periodísticas documentan andenes sin uso y una distribución marginal frente al desabasto nacional.
El discurso oficial atribuyó el problema a compras a sobreprecio a empresas vinculadas a gobiernos anteriores. Sin embargo, se documentaron adjudicaciones directas a precios exorbitantes durante el propio desabasto, lo que de comprobarse configuraría responsabilidades administrativas.

La crisis estalló en octubre de 2026.

No se trata de un conflicto salarial aislado, sino de la defensa de las condiciones materiales para ejercer el derecho a la salud.
Los trabajadores denuncian falta de insumos, personal y equipo. Su demanda central es un incremento directo de 10% al salario base, frente al 2.9% tabular incluido en la propuesta negociada.

La dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social acordó un incremento integral de 6.8%, compuesto por 2.9% al tabulador y 3.9% en prestaciones. Los trabajadores rechazan dicho acuerdo y han planteado una exigencia de 10% directo.

La inconformidad escaló de cierres en Puebla a 12 entidades. Se ha convocado a una megamarcha nacional este 13 de octubre, con concentraciones en Paseo de la Reforma, frente a oficinas centrales. Se prevé la adhesión solidaria de otros gremios.
Jurídicamente, estamos ante un conflicto colectivo de naturaleza económica y una crisis de representatividad sindical, amparada en la libertad sindical y el derecho de manifestación.

México no alcanzó los niveles de Dinamarca, pero corre el riesgo de retroceder a niveles inferiores a los que el propio IMSS construyó como referente mundial.

El incumplimiento del abasto de medicamentos y la falta de personal son violaciones justiciables del artículo 4º constitucional vía amparo indirecto por omisión.

El Estado está obligado a no adoptar medidas regresivas sin justificación estricta. Reducir la calidad del servicio del IMSS viola este principio.

Es necesario separar legalmente el fondo de pensiones del presupuesto operativo de salud, establecer por ley un porcentaje mínimo del PIB etiquetado para el IMSS ordinario, crear un sistema nacional de trazabilidad de medicamentos con participación ciudadana y resolver el conflicto laboral de 2026 reconociendo la pérdida del poder adquisitivo y la sobrecarga laboral como requisito para garantizar el derecho a la salud.

El IMSS marcó un punto de inflexión para la salud pública en México. La tarea de los gobernantes no es administrar su declive, sino recuperar su vocación fundacional: que la ley bonita en papel sea salud efectiva en la realidad.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.