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PACHUCA, Hgo., 28 de octubre de 2026.- El gobierno de Hidalgo autorizó la desincorporación de un polígono de más de 17 mil metros cuadrados ubicado en Tepeji del Río, para que sea vendido a la empresa relacionada a cadenas de supermercados Inversiones HEB, S.A. de C.V.
En el Periódico Oficial del Estado (POEH) publicaron tal decreto en el que pormenoriza que la presidencia municipal de Tepeji del Río de Ocampo informó que en la cuadragésima cuarta sesión pública ordinaria determinaron que la superficie dejó de ser útil para prestación del servicio público, además que las condiciones actuales de la zona ya no cumplen una función indispensable de conectividad, movilidad o acceso, ni compromete la prestación de servicios públicos o la infraestructura existente.
Por ello, motivó su incorporación al dominio público y resultaba procedente reconocer su cambio de régimen jurídico para considerarla como un bien del dominio privado del estado.
Luego, Juan José Rodríguez Cienfuegos, Vicepresidente de Bienes Raíces, Construcción y Mantenimiento de Inversiones HEB, S.A. de C.V., solicitó la enajenación a título oneroso a favor de su representada, respecto de un polígono con una superficie de 17 mil 914.081 metros cuadrados, perteneciente al fraccionamiento industrial denominado “Parque Industrial Tepeji”, para la construcción de un centro de distribución destinado a fortalecer la infraestructura logística y las cadenas de suministro de la compañía en la región.
En el oficio número OM/0916/2026, del 8 de octubre de 2026, la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo solicitó la intervención de la Coordinación General Jurídica con la finalidad de validar el decreto gubernamental que, entre otros, autorizó la celebración del contrato de compraventa con la empresa, respecto a los más de 17 mil metros cuadrados.
Dentro de acuerdo difundido, detalla que autorizaron a la Coordinación General Jurídica para designar al Notario Público ante quien otorguen la escritura correspondiente; asimismo, en el contrato de compraventa deberán establecerse los mecanismos jurídicos idóneos para que, en caso de incumplimiento de la obligación prevista por parte de la empresa, el inmueble se revierta al Gobierno del Estado.