Lame duck = pato cojo
PACHUCA, Hgo., 16 de noviembre de 2026.- La anunciada desaparición de la USICAMM abre una discusión que el magisterio mexicano conoce desde hace más de una década: ¿quién decide qué maestro obtiene una plaza, quién asciende y bajo qué criterios?
El problema no es solamente administrativo. Se trata de justicia laboral, reconocimiento profesional y confianza en las instituciones educativas. Para entender el debate actual debemos distinguir dos reformas que, aunque surgieron de proyectos políticos diferentes, conservaron mecanismos de evaluación y selección docente.
La reforma de 2013, creó el Servicio Profesional Docente y estableció evaluaciones obligatorias para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. Su característica más controvertida fue vincular la evaluación del desempeño con consecuencias laborales.
Para docentes con nombramiento definitivo previo a la reforma existían protecciones específicas, pero podían ser separados de la función docente después de determinados resultados insuficientes. Esto provocó una profunda confrontación con sectores del magisterio.
La reforma de 2019, eliminó la evaluación vinculada a la permanencia y creó el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, operado por la USICAMM.
Su diferencia fundamental fue retirar el carácter punitivo de la evaluación y establecer procesos multifactoriales para el ingreso, la promoción y el reconocimiento. Sin embargo, mantuvo instrumentos de valoración de conocimientos, requisitos documentales, puntajes y listas ordenadas de resultados.
La antigüedad, la formación y la experiencia adquirieron un papel relevante, pero persistieron las inconformidades por procedimientos burocráticos, criterios cuestionados y falta de claridad en algunas asignaciones.
La diferencia es sustancial: en 2013 se evaluaba también para conservar la función docente; con la USICAMM se evalúa principalmente para acceder a una plaza, ascender u obtener reconocimientos e incentivos. No son modelos idénticos, aunque ambos comparten la intención de regular la carrera profesional mediante procedimientos establecidos.
Ahora, en octubre de 2026, se convocó a una consulta nacional para construir un nuevo sistema. La SEP anunció que sus resultados orientarí an una reforma. Pero consultar no equivale a resolver: la legitimidad del ejercicio depende de conocer cuántos participaron, qué respondieron y cómo se incorporarán sus propuestas.
El diagnóstico previo de agosto mostró preferencias por combinar conocimientos, antigüedad, formación y experiencia. También evidenció un amplio respaldo a publicar las vacantes y fortalecer los mecanismos contra la corrupción.
Esos datos no deben confundirse con los resultados definitivos de la consulta de octubre.
Desde la perspectiva del profesor frente a grupo, hay una pregunta inevitable: ¿por qué un docente con años de servicio, preparación y resultados en su comunidad debe enfrentar procedimientos que no siempre reconoce como justos?
Pero también debemos preguntarnos cómo evitar que la antigüedad sea el único criterio o que las plazas vuelvan a depender de acuerdos entre autoridades y dirigencias sindicales. La experiencia merece reconocimiento, pero no puede convertirse en privilegio automático.
La preparación debe valorarse, pero tampoco puede reducirse a acumular constancias o aprobar un examen. También debe garantizar que ninguna plaza se entregue por recomendación política, influencia sindical o decisión discrecional de una autoridad.
Desaparecer la USICAMM puede representar una oportunidad, pero también un riesgo. Si el nuevo modelo conserva la opacidad, solamente cambiará el nombre de la institución. Si elimina los controles objetivos, podría abrir espacios a prácticas que precisamente se buscaba superar. La discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra de los exámenes. El verdadero desafío consiste en construir una carrera docente donde la evaluación no sea castigo, la antigüedad no sea privilegio, la preparación no sea simulación y la asignación de plazas no sea un favor.
Las de chile seco
Una plaza docente no debe ser una concesión del poder
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