USICAMM: cambiar las reglas, no solamente las siglas
PACHUCA, Hgo., 16 de noviembre de 2026.- La aprobación de la Carta Iberoamericana de la Persona Artista y Trabajadora de la Cultura, durante la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, abre una oportunidad para revisar la realidad que vive el sector artístico y cultural. Impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la UNESCO, propone una ruta de 82 artículos y 387 medidas para atender las particularidades del trabajo cultural: ingresos intermitentes, contrataciones temporales, derechos de autor, seguridad social y condiciones fiscales.
Conviene precisar que no se trata de nuevos derechos adquiridos automáticamente. Es un instrumento orientador cuya materialización dependerá de la voluntad de cada gobierno iberoamericano para convertir sus recomendaciones en legislación, presupuestos y mecanismos de protección.
En México, la discusión tiene una dimensión particular. Buena parte de la actividad cultural ocurre mediante proyectos, honorarios, convocatorias y colaboraciones independientes. Paradójicamente, quienes hacen posible la vida cultural suelen trabajar sin las mismas condiciones de protección que otros sectores productivos.
En México, esta discusión no debería quedarse en el ámbito de los organismos internacionales. La realidad de quienes trabajan en la cultura exige abrir un espacio de diálogo entre autoridades, instituciones, artistas, colectivos y organizaciones culturales. Hace falta conocer mejor las condiciones en las que se desarrolla el trabajo artístico, generar información sobre sus necesidades y explorar alternativas que permitan avanzar hacia esquemas de contratación, seguridad social y remuneración más justos. La Carta puede ser un punto de partida para impulsar esta conversación y revisar qué aspectos de nuestras políticas públicas y marcos normativos necesitan transformarse.
Aquí aparece una oportunidad para construir una agenda común, poner a prueba alternativas y reconocer que las soluciones no pueden diseñarse únicamente desde los escritorios institucionales. Las autoridades tienen la responsabilidad de abrir espacios, generar condiciones y explorar mecanismos viables; los creadores y trabajadores de la cultura, por su parte, tienen mucho que aportar desde sus experiencias, necesidades y formas de organización.
La Carta coloca el tema sobre la mesa, pero su alcance dependerá de lo que cada país, institución y sector esté dispuesto a construir. Quizá sea momento de dejar de preguntarnos solamente cuánto aporta la cultura al desarrollo y comenzar a preguntarnos qué estamos haciendo para garantizar los derechos de quienes la hacen posible. Una política cultural también se mide por las condiciones de vida de sus trabajadores.
Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.