Barttlet, Fox, AMLO/Sheinbaum
PACHUCA, Hgo., 17 de noviembre de 2026.- En 1764, Cesare Beccaria publicó el libro De los delitos y de las penas. Con esa obra innovó el derecho penal de su época. Se pronunció contra la pena de muerte y la tortura, defendió que solo puede castigarse una conducta previamente establecida en la ley, y sostuvo la proporcionalidad de las penas, la prontitud y certeza del castigo y el trato digno a las personas privadas de la libertad, entre otros principios.
Su pensamiento sigue siendo referente en las escuelas de derecho y en los juzgados. No por erudición histórica, sino porque describe con precisión lo que hoy falla en México: castigamos tarde, castigamos de forma desproporcionada y, con frecuencia, castigamos antes de probar.
La prontitud no es un adorno del castigo, es una condición de su legitimidad. Basta un ejemplo cotidiano. Un niño hace un berrinche en el supermercado y, por no parecer un padre autoritario, el padre no lo corrige en ese momento y espera hasta llegar a casa. Cuando llega la corrección, el niño ya no comprende por qué se le corrige, porque no hubo prontitud entre la conducta y la consecuencia.
Lo mismo ocurre en el sistema penal. Cuando el delincuente no tiene certeza de que será castigado, la pena pierde su función preventiva. En México, según la ENVIPE 2025, el 98.8% de los delitos cometidos quedaron en impunidad porque la autoridad no los investigó o, cuando lo hizo, no resolvió el caso.
A ello se suma el efecto inverso. Si el castigo llega después de mucho tiempo, hasta la sociedad lo percibirá como excesivo. Lo importante no es una pena excesiva, sino una pena pronta y proporcional al delito. Esa es, en esencia, la tesis de Beccaria: la pena debe ser pública, pronta, necesaria, la mínima posible en las circunstancias concretas, proporcionada y dictada por las leyes.
La realidad del sistema penitenciario mexicano es lamentable. Las condiciones de los centros de reinserción son deplorables, la corrupción ha calado hasta las entrañas de las cárceles y no existen programas de reinserción eficaces. En la práctica, solo se busca castigar al interno manteniéndolo en un ambiente hostil.
Basta acercarse a un centro penitenciario para constatarlo. A diario ingresan televisores, refrigeradores, colchones y otros aparatos electrodomésticos, lo que evidencia la corruptela que inunda los Centros de Reinserción Social. Eso es lo visible. También ingresan drogas y teléfonos celulares.
Hoy, un interno con recursos económicos solo padece el encierro. Puede pagar por no hacer la faena, por comida a su gusto, por un cuarto privado y con baño, por recibir visitas fuera de los días programados y aunque no estén autorizadas, por alcohol, por droga y hasta por armas.
El 10 de noviembre de 2026, familiares de internos del Centro de Reinserción Social de San Miguel, en Puebla, bloquearon ocho puntos de la capital y su zona metropolitana para denunciar cobros ilegales, amenazas y agresiones dentro del penal. Según los testimonios recogidos por la prensa, se exigían cuotas semanales en promedio de 30 mil pesos para evitar agresiones físicas y cobros de hasta 80 mil pesos a personas de nuevo ingreso. El caso confirma que, al interior de los penales, la vida es muy cara. Se le llama, con razón, el hotel más caro: todo cuesta, y ese dinero no se reporta en las arcas públicas, sino en los bolsillos de funcionarios corruptos y de grupos que ejercen autogobierno.
El artículo 18 constitucional ordena que el sistema penitenciario se organice sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción social. En los hechos, muchos centros operan como universidades del crimen.
Ahora bien, no todos los internos son culpables. Hoy, el estándar probatorio para vincular a una persona a proceso es más bajo que el que exigía el anterior sistema penal.
Antes, para dictar un auto de formal prisión, el juzgador necesitaba que quedara acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Hoy, en el sistema acusatorio, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales solo exige datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
El estándar es mínimo. En los pasillos de los juzgados se dice coloquialmente que un auto de vinculación es como un vaso con agua, porque no se le niega a nadie. Sin mayor información, los jueces de control vinculan a personas.
Las cifras confirman la percepción. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2026, durante 2025 los poderes judiciales reportaron 186,723 personas con resolución sobre vinculación a proceso. De ellas, 151,254 fueron vinculadas, lo que representa 81.0% del total. Si se excluyen los casos en los que no se identificó el tipo de determinación, la proporción de vinculación asciende a 91.7%.
La cifra es escalofriante si se considera que en México existe un catálogo de delitos que la Constitución impone con prisión preventiva oficiosa. En este país, caer en prisión es relativamente fácil.
El artículo 19 constitucional establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos del catálogo que ahí se enlista, entre ellos delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, extorsión y delitos cometidos con armas, entre otros.
Esa automaticidad tiene una consecuencia práctica grave. Las fiscalías, en muchas ocasiones, se dedican a fabricar delitos contra opositores al régimen o cuando no tienen suficiente material probatorio para llevar a una persona ante un juez. Cada vez es más frecuente que se siembre droga, armas o cartuchos a un detenido cuando no se le puede comprobar otro delito. Ambos supuestos, por ley, son de prisión preventiva oficiosa.
Lo verdaderamente grave es que esas personas están en la cárcel, pagando por delitos que muchas veces no cometieron y purgando penas anticipadas que la ley prohíbe. Se trata de un secuestro oficial incompatible con la presunción de inocencia prevista en el artículo 20 constitucional y en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El beneficio que obtienen las autoridades es estadístico. Las fiscalías y las oficinas de seguridad pueden presumir que han detenido a más personas y que están combatiendo al crimen como nunca antes.
A ello se suma que la misma ley otorga al Ministerio Público facultades determinantes, como autorizar los procedimientos abreviados. Además, es muy difícil conseguir una salida alterna con la oposición del Ministerio Público. El resultado es previsible: cárceles abarrotadas y un gobierno que puede presumir que los delincuentes están en prisión.
La semana pasada tuve la oportunidad de acudir en el Estado de México a un juicio contra dos personas por el delito de robo de vehículo con violencia. Después de un año en prisión, el Ministerio Público, con su ineficiente investigación, no pudo acreditar plenamente la responsabilidad de los acusados. Se comprobó que el delito existió, pero también que se fabricaron pruebas en contra de dos personas inocentes.
El juez con funciones de tribunal de enjuiciamiento, en su fallo, indicó que la carga de la prueba que corresponde a la Fiscalía no había sido suficiente y no había logrado la convicción del juez más allá de toda duda razonable, estándar previsto en el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ordenó la inmediata libertad de las dos personas inocentes.
Dos personas que estuvieron privadas de su libertad exactamente un año. Pero no son solo dos personas. Son sus familias, que no tuvieron tranquilidad ese año, que fueron juzgadas por la sociedad como delincuentes, que recibieron un castigo por un delito que no cometieron durante un año y que, tristemente, tuvieron que ser parte de la corrupción al interior del penal para no sufrir maltratos que no merecían por ser inocentes.
Un año de padecer y, al final, la Fiscalía amedrentó en audiencia a los defensores, aduciendo que habían cometido delitos en el proceso y que les iniciaría una carpeta de investigación, en vez de hacer bien su trabajo y detener a los verdaderos culpables del delito que sí existió.
El sistema penitenciario no es solamente un castigo para el interno. Debe dotar de un verdadero plan de reinserción a la sociedad. Hoy, esos dos jóvenes están libres porque eran inocentes cuando entraron a la cárcel, pero en un año pudieron aprender del crimen en la cárcel lo que en toda su vida no sabían en las calles y en su casa.
La libertad de los inocentes no puede seguir siendo una consecuencia tardía y accidental del proceso penal. Debe ser el centro del sistema.
Beccaria lo advirtió hace más de 260 años: si la pena no es pública, pronta, necesaria, mínima, proporcionada y dictada por las leyes, se convierte en violencia de uno o de muchos contra un ciudadano particular.
México necesita, por lo menos, tres correctivos urgentes. Primero, que los jueces de control ejerzan un control real en la audiencia inicial y no conviertan la vinculación a proceso en un trámite automático. Segundo, que la prisión preventiva oficiosa deje de operar como regla y se sujete a un examen estricto de necesidad y proporcionalidad, conforme a la presunción de inocencia. Tercero, que el Estado recupere el control efectivo de los centros penitenciarios y garantice programas reales de reinserción, en lugar de tolerar un sistema donde la dignidad se compra y la libertad se vende.
Mientras eso no ocurra, la pregunta seguirá vigente: y la libertad de los inocentes, ¿para cuándo?
Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.