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TEPEJI DEL RÍO, Hgo., 19 de noviembre de 2026.- Vecinos de Santiago Tlapanaloya denunciaron que Javier Pérez Hernández, director de Organismos Operadores y Atención a Usuarios de la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado (CEAA), los amenazó con tomar acciones legales e investigaciones contra personas que grabaran y difundieran videos de sus intervenciones en una asamblea comunitaria.
Según los testimonios de los pobladores, durante una reunión pública en la plaza de la localidad, el funcionario aseguró que la Dirección Jurídica del Gobierno estatal ya estaba revisando los videos publicados y que actuarían contra quienes los estuvieran difundiendo.
Además, el servidor público mencionó que algunos de los asistentes tenían antecedentes y que ya estaban siendo investigados, expresiones que los lugareños consideraron una amenaza directa para quienes utilizan sus teléfonos celulares para documentar las reuniones.
Los residentes reprocharon que, en lugar de atender las inconformidades de la comunidad, el representante de la CEAA recurra a advertencias jurídicas y referencias a supuestas investigaciones para desalentar la difusión de información.
También señalaron que el funcionario habría cuestionado que los problemas de Santiago Tlapanaloya se dieran a conocer en otras comunidades y municipios, pese a que se trata de un conflicto relacionado con el acceso al agua potable.
Esta no sería la primera ocasión en que Pérez Hernández manifiesta su rechazo a las grabaciones, pues en una reunión anterior quedó registrado en video cuando pidió que dejaran de filmarlo, argumentando que lo que estaba por expresar era "anticonstitucional".
Sostuvieron que la intención al grabar fue contar con evidencia de las reuniones y evitar que los compromisos relacionados con la sustitución de la tubería entre Santa María Quelites y La Ermita queden únicamente en declaraciones verbales.
Por ello, reiteraron que no permitirán que las advertencias los hagan desistir de documentar el proceso y exigieron garantías de suministro de agua, así como la formalización ante notario público de los acuerdos establecidos con las autoridades.
Cabe recordar que los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana protegen las libertades de expresión y difusión de información, sobre todo cuando cuando se trata de asuntos públicos y actuaciones de servidores públicos.