Aprueban ley para incrementar pena a trata de personas

La propuesta prevé imponer de 10 a 25 años de prisión y de mil a 20 mil días de sanciones económicas a quien para sí o para un tercero, consiga, capte, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, retenga, entregue, oculte, reclute o transfiera a una persona con fines de explotación.

Los legisladores acordaron que las reservas de los diferentes grupos parlamentarios serán discutidas en el pleno.

De acuerdo con el dictamen, el concepto de prescripción no operará en el delito de trata de personas y será una conducta continuamente perseguida cuando sea cometida contra menores de edad, personas que no tengan capacidad para comprender el hecho o para resistirlo y derive de un ataque sistematizado y generalizado contra la población.

Asimismo se amplía el espectro de protección, al preverse como bien jurídico tutelado no sólo la libre personalidad, sino ante todo la dignidad humana, un derecho raíz y base de todos los demás.

A propuesta de los representantes del Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano, las comisiones avalaron modificaciones al Artículo 3 de dicha ley.

Esto para que la extracción de órganos sea un delito acumulable al de trata de personas, así como para que la ley general se armonice con la jurisprudencia internacional y los tratados firmados por México en la materia.

Se acordó, además, eliminar la palabra “sometimiento” en el artículo 10, se aclara que la trata de personas tiene fines de explotación y se precisan todas las modalidades de este delito.

En el Artículo 84, fracción IV, se especificó la atención de los derechos a la salud sexual y reproductiva.

En tanto que el séptimo transitorio establece que las erogaciones que se generen con la vigencia de esta reforma, se cubrirán con el presupuesto aprobado para las dependencias federales correspondientes, por lo que no se autorizarán ampliaciones.

De esta forma los diputados aprobaron modificaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que consolidan el mandato constitucional para maximizar “a una alta expresión” los derechos humanos.