Proponen regular la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales

MÉXICO, DF., 10 de diciembre de 2014.- El senador Omar Fayad Meneses aseguró que desde la actuación de la policía que detiene a un presunto delincuente, hasta la actuación de los trabajadores de las penitenciarías, se regularán con la iniciativa de Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, propuesta que fue turnada a las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Primera del Senado.

La iniciativa de Ley plantea un cambio radical de la forma en que todos los estados de la República ejecutan las sanciones de penas, una vez que los presuntos delincuentes son hallados culpables y recluidos.

“Hay tantas leyes de ejecución de penas como entidades federativas. Eso hace que cada estado resuelva de manera muy diferente este tema, lo que permite que haya importantes lagunas legales, un ineficiente manejo de los recursos e incluso corrupción en los centros de readaptación social, de ahí la necesidad de legislar a nivel nacional en la ejecución de las sanciones penales», señaló el senador.

La iniciativa de Ley, que ya es analizada al interior del Senado, prevé, entre otros grandes cambios, acabar con los privilegios delos reclusos, así como fortalecerla vigilancia en los centros de reclusión, eliminar la delincuencia interna, y un mayor control del personal administrativo y encargado de la seguridad.

Así mismo, esta moderna legislación propuesta por Fayad Meneses prevé un mayor control en los accesos a los centros penitenciarios, para atacar la introducción de drogas y armas.

Fayad Meneses refirió que la legislación toma en cuenta los tratados internacionales firmados por México en la materia, por lo que prevé mejor tratamiento para los internos, a fin de no violentar sus derechos, estableciendo programas integrales para una mejor readaptación social.

El respeto a los derechos humanos es otro punto central de la iniciativa de Ley, que prevé reducir el uso de la prisión preventiva y su aplicación solo para reincidentes, delitos graves, delincuencia organizada o cuando otras medidas no aseguren la adecuada conducción del proceso penal.

Así mismo, la Ley destaca la reinserción social de los sentenciados, mediante el trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, añadiendo los derechos de los sentenciados y que anteriormente no se consideraban.