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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de marzo de 2024.- Combatir a la corrupción es salvaguardar los derechos humanos porque los ciudadanos tenemos la potestad de contar con un buen Gobierno, a vivir en democracia y legalidad, asegura el presidente de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Julio Ángel Sabines.
En entrevista con Quadratín, el magistrado chiapaneco afirma que el combate a la corrupción y la impunidad es una actitud democrática, porque la democracia no se ejerce únicamente con el voto sino también con la vigencia del Estado de Derecho.
El encargado de juzgar actos de corrupción que involucran malversación de recursos de la federación por parte de servidores públicos y particulares, advierte sobre la gran responsabilidad que tienen los ciudadanos para denunciar presuntos actos deshonestos.
“Debemos incentivar a los ciudadanos a denunciar. Tenemos mucha desconfianza en las autoridades, porque pensamos que nadie investiga, pero las autoridades están obligadas a hacerlo cuando reciben una denuncia, la cual, incluso, puede ser anónima”, recalca.
Particulares y servidores públicos deben rendir cuentas cuando reciben recursos públicos Desde la sede del TFJA en Avenida Insurgentes sur, el Magistrado indica que la mayoría de los casos analizados por la tercera sección están relacionados con abuso de funciones, principalmente cuando los servidores públicos ejecuten acciones que no tienen permitidas por la ley.
“Hay que recordar aquella máxima que dice que las autoridades solo pueden hacer lo que les está expresamente permitido por la ley a diferencia de los ciudadanos que pueden hacer todo lo que no les está prohibido”, puntualiza el Magistrado.
El segundo delito con mayor incidencia es el cohecho, el cual comprende asuntos que van desde el pago de sobornos a servidores públicos o el cobro de algún bono o recurso al cual un funcionario o ciudadano no tienen derecho.
“Cuando un político o un servidor público se sale de la norma y comete actos de corrupción no sólo está dañando con su conducta, sino que está pervirtiendo todo nuestro sistema y la credibilidad de la gente en sus instituciones.
Es entonces cuando los ciudadanos se empiezan a alejar de la legalidad porque piensan que no sirve. Comienzan a actuar por propia mano y debilita todo nuestro sistema de justicia y vulnera todo el contrato social bajo el que vivimos”, agrega el también maestro en administración militar para la seguridad y defensa nacionales.
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