Alienta López Obrador clima hostil contra los periodistas

PACHUCA, Hgo., 24 de junio del 2019.- Diez días antes de que la periodista Anabel Hernández presentara su libro “La verdadera noche de Iguala”, el gobierno de Enrique Peña Nieto regaló a la comunicadora un chaleco antibalas cuando ella solicitó protección debido a las amenazas de muerte que recibía por realizar una serie de investigaciones que evidenciaron los podridos entretelones de la política y los pactos secretos entre criminales, policías y autoridades.

“Así es como el gobierno cuida a los periodistas en México”, soltó sarcástica Anabel, mientras sostenía la pesada armadura de unos 15 kilogramos, esto durante la Cumbre de Libertad de Prensa que se realizó la semana pasada en la Ciudad de México a iniciativa del Comité para la Protección a Periodistas (CPJ) por sus siglas en inglés y donde se cuestionó el lamentable papel que el presidente Andrés Manuel López Obrador juega en torno a los medios de comunicación, porque no solo se ha dedicado a clasificarlos y denostarlos, también dejó en claro que en su agenda no hay, ni habrá espacio para este gremio.

Durante más de 6 meses López Obrador dio largas a la invitación que le hicieron integrantes del CPJ para inaugurar la Cumbre Libertad de Expresión y Prensa, evento que tendría que haberse celebrado en enero pero se prolongó a junio porque el presidente jamás encontró un hueco en su agenda

En el cónclave se desarrollaron foros sobre la impunidad en crímenes contra la prensa en México; la libertad de prensa en América Latina y la relación medios y el estado, reuniendo a periodistas de la talla de Anabel Hernández, Adela Navarro (Zeta), Ismael Bojorquez (Ríodoce), Lucy Sosa, Blanche Petrich (La Jornada), Luz Mely Reyes (Efecto Cocuyo Venezuela), Mary Beth Sheridan (corresponsal en México del The Washington Post), Nayeli Roldán (Animal Político), Griselda Triana, Luis Fernando García, Patricia Mayorga (Proceso), Gabriela Warkentin (W Radio) y Daniel Moreno (Animal Político), entre otros.

En el primer foro no ocultaron su molestia y desconcierto las comunicadoras Adela Navarro directora del semanario Zeta de Tijuana y Anabel Hernández quien, ante la falta de garantías para preservar su vida, se vio obligada a buscar asilo en Europa donde actualmente radica.
“López Obrador no tuvo espacio en su agenda, pero no se le debe olvidar que los periodistas han investigado y denunciado a los corruptos como Fox y Peña, y eso permitió a la gente tomar una decisión (en las urnas)”, recriminó Hernández ante el desinterés del presidente en cuyo sexenio suman ya 13 periodistas asesinados.

Antes, Adela Navarro consideró preocupante que López Obrador se haya reconciliado con la mafia del poder (a la que tanto criticó durante 18 años), con los corruptos y con el crimen organizado, mientras que a los periodistas los califica de fifís, abonando al clima hostil que viven los comunicadores.

Navarro detalló que en 19 años han asesinado en México a 127 periodistas y el 99 por ciento de los crímenes permanece en la impunidad. Recordó que en 2019 se cumplen 15 años del asesinato de su colega Francisco Ortiz Franco coeditor del semanario Zeta; 2 años del homicidio de Miroslava Breach y de Javier Valdés, y 31 años del atentado que cobró la vida también de un ícono del semanario Zeta, Félix Miranda “El Gato Félix”, cuyos asesinos siguen libres y trabajando.

También suman 1140 expedientes iniciados ante la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Prensa, y de estos, 89 casos están relacionados con periodistas asesinados, pero solo en 29 se reconoce que el crimen tuvo que ver con su actividad, agregó.

Patricia Espinoza hermana del fotoperiodista de la revista Proceso, Rubén Espinoza asesinado en 2015 en la colonia Narvarte, denunció el viacrucis que enfrentó tras el crimen de su familiar: ocultamiento y manipulación de la información, amenazas, trato denigrante revictimización por parte de las mismas autoridades que se supone, esclarecerían el crimen.

Por la muerte de Espinoza, un sujeto fue sentenciado a 300 años de prisión, mientras que otros dos con amparos han evadido la sentencia. Las promesas de justicia solo quedaron en el discurso del ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera quien protegió a un grupo de funcionarios que fueron cesados tras una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por anomalías en el caso, pero después fueron premiados con ascensos. Mancera es hoy es un próspero empresario y además senador.

Tocó el turno a Ismael Bojorquez fundador del semanario Riodoce en Sinaloa, quien no dudó que el asesinato de su compañero Javier Valdez ocurrido el 15 de mayo del 2017, fue obra del crimen organizado y aunque hay dos detenidos, no hay ninguna seguridad de que reciban condena.

“En Sinaloa no puedes hacer periodismo si no hablas con el narco, ya que las actividades políticas, sociales, económicas y religiosas están contaminadas por el narco”, remató el periodista para ejemplificar la forma en que el crimen organizado ha permeado entre la sociedad sinaloense.

Aseveró que la muerte de su compañero Javier Valdez, “fue un crimen de ira, no consensuado, pero aún así tomamos la decisión de no dejar de hacer lo que estábamos haciendo, porque teníamos un compromiso con los lectores, pero también con la memoria de Javier”.

Sentenció que mientras no cambien las condiciones de violencia e impunidad en el país, van a seguir los asesinatos de periodistas y con tristeza recordó que, tras el atentado contra Valdez se les ofreció protección a él y otros reporteros de Ríodoce, “nos pusieron una patrulla pero de nada servía, porque los policías se la pasaban durmiendo o viendo videos, lo único que hemos aceptado es una cámara y el botón de pánico”.

Luci Sosa reportera del diario de Juárez evocó al miedo como “el eterno compañero del periodista. En México, se reportea con miedo”, señaló, tras denunciar que no existe eficiencia en los mecanismos de protección que se ofrecen a los comunicadores, porque el botón de pánico ni siquiera sirve.

La impunidad y complicidad de agentes de la policía con las bandas criminales, como es el caso de Ciudad Juárez es otro claro ejemplo de las nulas garantías que hay para ejercer este oficio, y citó el caso de los dos principales grupos de sicarios al servicio del narco que eran dirigidos por comandantes de la policía.

La falta de convenios publicitarios, los despidos injustificados y la nula ayuda que tienen los reporteros por parte de sus propias empresas, han agudizado aún más la crisis por la que atraviesa el gremio periodístico.

Mientras que Anabel Hernández lamentó que este encuentro organizado por el CPJ se haya retrasado 6 meses porque el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca encontró espacio en su agenda, y prosiguió que durante el sexenio de Vicente Fox hubo 36 periodistas asesinados, 47 con Calderón y 47 con Peña, mientras que con Andrés Manuel ya van 13.

Citó un reporte de la UNESCO, donde se detalla que del 2006 al 2018 se asesinaron a 1,100 comunicadores en todo el mundo, siendo México, Siria y Afganistán donde se registró la cifra mayor de muertes, aunque Hernández puntualizó que curiosamente están asesinando periodistas donde no existen conflictos armados, “en el caso de México las instituciones no funcionan y aunque les cambien el nombre su función sigue siendo la misma”.

“Los grupos políticos y económicos son impunes en países como México, y los periodistas son incómodos porque estamos rompiendo el juego. No les preocupa la justicia porque no existe, les preocupan los periodistas porque son los que investigan”.

Para la autora de libros como La familia presidencial; Los cómplices del presidente; Los señores del narco y México en llamas, “la información es una especie de justicia, aunque no es la que se merecen los mexicanos”, luego comparó que los reporteros se han convertido en una especie de barandilla “donde la gente viene y se queja con nosotros porque no confían en las autoridades; no queremos ser ministerio público, sino que las autoridades comiencen a dar justicia no solo a los periodistas, sino a todos los mexicanos”.

El sub secretario de Gobernación Alejandro Encinas que acudió en representación del gobierno mexicano, reconoció el clima de violencia e intolerancia que persiste en México contra los periodistas, así como la insuficiencia y el limitado mecanismo de protección a estos, que se refleja en la falta de justicia por parte del estado.

“Tenemos que atender los reclamos por la corrupción y descomposición que hay en las instituciones gubernamentales, el combate a la impunidad debe pasar de la queja a la denuncia”, concluyó.