
Vinculan a proceso a Los Alegres del Barranco por apología del delito
OAXACA, Oax., 4 de diciembre de 2017.- Medios nacionales de comunicación emitieron un comunicado para pedir a las autoridades acciones para detener las agresiones a periodistas en el país.
A continuación el desplegado íntegro:
BASTA YA
Quienes firmamos este documento y trabajamos en medios de comunicación del país, consideramos:
1.- Que pese a las reformas emprendidas entre 2006 y 2015, el sistema de justicia mexicano, tanto en las instancias locales como federales, se ha visto rebasado ante la violencia contra la prensa que no sólo golpea al sector periodístico sino lesiona su misión de velar por el derecho de la sociedad a saber, clave para consolidar una democracia. Esta debilidad institucional alcanza también a las fiscalías especializadas como a los mecanismos ad hoc creados por los estados y el gobierno de la República. Los ataques se siguen sucediendo sin que prácticamente ningún responsable haya respondido ante la ley, lo que retroalimenta los incentivos de violencia e impunidad. El crimen organizado está cancelando la libre expresión en regiones enteras del país, donde los periodistas ya no solo son silenciados, sino que se les exige llevar los mensajes de los delincuentes. Por si fuera poco, es grave que servidores públicos de los tres niveles de gobierno estén entre los agresores. Ante este panorama, en México se requieren con urgencia gobernantes, legisladores, fiscales, jueces, policías y otros funcionarios que estén más comprometidos con la necesidad de proveer esquemas de protección. Este compromiso se exige tanto a gobierno federal como a los gobiernos estatales y municipales, los cuales son los primeros responsables de garantizar la seguridad de los comunicadores.
2.- Consideramos que los medios de comunicación debemos asumir como parte de nuestra responsabilidad acciones específicas en el ámbito de nuestras atribuciones y capacidades, recogiendo la experiencia acumulada en nuestro país y también por parte de la industria y el gremio periodísticos en naciones tales como Estados Unidos, Colombia, Brasil o Argentina. Nos corresponde hacer nuestro propio aporte para proteger a periodistas y empresas y dar un mayor seguimiento a los casos afectados por la impunidad, especialmente los más emblemáticos.
Los mismos planteamientos que describen obligaciones de los Estados en la protección de los informadores llaman a las empresas del sector a dotar a los periodistas de esquemas de capacitación, seguridad social, salarios adecuados y seguros de vida, especialmente en aquellos casos en que estén desempeñando coberturas que entrañen evidente peligro. Es ineludible mencionar también la urgencia de fortalecer los estándares éticos y mecanismos institucionales en el ejercicio del periodismo en amplios sectores de nuestra realidad empresarial y gremial. Malas condiciones laborales, escasa capacitación y deterioro ético de la profesión son en sí mismos factores graves de riesgo.
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