Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

Censura, renuncias, huelgas frustradas, libertad de expresión y más agresiones

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de julio de 2017.- Hace apenas unos cuantos días, seis prestigios académicos y profesionistas, José Luis Caballero Ochoa, Pedro Salazar Ugarte, Sergio López Ayllón, Enrique Cárdenas Sánchez, Edna Jaime Treviño y Jacqueline Peschard Mariscal dieron a conocer en una misiva pública, dirigida al director general de El Universal, Juan Francisco Ealy Jr., donde manifiestan su decisión de dejar de colaborar en dicho periódico.

Esgrimieron lo siguiente: “…desde hace algunos meses, pero, sobre todo, en las últimas semanas, El Universal ha adoptado una cobertura adversa ante uno de los proyectos de construcción institucional más relevante y urgente para nuestro país: el Sistema Nacional Anticorrupción. Quienes firmamos esta carta hemos estado involucrados de manera directa en la concepción, desarrollo y puesta en marcha de ese ambicioso sistema que busca erradicar uno de los males que más lastiman a México.

“Por lo mismo nos ha sorprendido la posición del periódico mediante notas imprecisas, sin sustento fáctico, refractarias a verificar la información pública disponible y que, en cambio, han insinuado conflictos de interés y la comisión de prácticas indebidas en las que, de una u otra manera, todos nosotros estaríamos involucrados. La falta de sustento de las notas publicadas por El Universal -incluso en llamados de ocho columnas- ha sido evidenciada en diversas sedes y por diversas personas y, sin embargo, de manera inexplicable, el periódico ha mantenido esta línea editorial. Por ello, decidieron, “después de una detenida reflexión individual y de un intercambio de opiniones colectivo, hemos decidido dejar de escribir en El Universal. Lamentamos sinceramente que las decisiones editoriales y las circunstancias en las que estas han tenido lugar nos hayan llevado a tomar esta decisión, pero la congruencia con nuestras convicciones, el compromiso con la verdad y el derecho a defender nuestro buen nombre, obligan”.

Más allá de si tienen razón o no, los seis articulistas que dejaron de colaborar en ese diario, son hombres y mujeres de mucho prestigio, honorables y reconocidos, y ellos consideraron como una ofensa inaceptable lo publicado en las páginas de ese medio de información, en contra del el Sistema Nacional Anticorrupción.

¿La postura editorial puede ser equivocada? En realidad, no lo sé, pero creo que la postura de estos seis académicos no es un arrebato o un berrinche, más bien creo que al asumir esa postura, alguna gente del gobierno metió su cuchara y pidió favores a los funcionarios del periódico. No hay que olvidar que los periódicos son empresas que viven de la publicidad, de sus anunciantes y de sus lectores y que el gobierno siempre ha utilizado este tipo de presión económica para someter a los medios.

Algo así ha pasado en el diario La Jornada, donde la empresa pretende reducir las prestaciones y los salarios de sus trabajadores sindicalizados, bajo el argumento de que sus ingresos como empresa no le alcanzan para cubrir esas necesidades. Pero esta crisis en La Jornada, viene precedida de un mal manejo financiero y del desvío de recursos por parte de empleados de confianza que contrató la actual administración empresarial. Los integrantes del sindicato, sostienen que ninguno de los empleados de confianza que se robaron el dinero, fue a parar a la cárcel o regresó lo que indebidamente tomó.

En ese Contexto, Joel Sánchez Rodríguez denunció que en Pachuca, Hidalgo, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez, emprendió acciones legales en contra del director de la agencia Quadratín en ese estado, Alejandro Gálvez, luego de que el 7 de febrero pasado, éste y otros medios dieron a conocer el gasto que por más de 6 millones de pesos que realizó el (IEEH) para la compra de 10 camionetas y 7 vehículos nuevos, todos de lujo, para el uso de los funcionarios de dicha institución.

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