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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de mayo de 2020. — El pasado lunes 11 de mayo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador publicó un Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que ordena, la militarización de la seguridad pública por cuatro años, hasta el 12 marzo de 2024.
De acuerdo a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) el despliegue militar ordenado por el presidente López Obrador es violatorio de nuestra Constitución.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo, otorga a las Fuerzas Armadas (FFAA) una participación en la seguridad pública que no está regulada ni acotada y contradice lo aprobado por el Constituyente Permanente en marzo de 2019, cuando se creó la nueva Guardia Nacional (GN). Al ser inconstitucional, el acuerdo es susceptible de ser impugnado e invalidado por el Poder Judicial de la Federación.
El contenido de la Constitución sobre el despliegue militar
Por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas (integradas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea)[II] sólo deberían estar encargadas de la seguridad nacional.
La “seguridad nacional” se refiere a la defensa del Estado mexicano frente amenazas externas que pongan en riesgo su existencia como, por ejemplo, una guerra con otro país. La Constitución reserva las funciones de “seguridad pública” a instituciones de carácter civil, esto es, policía federal y policías locales.
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