Alertan transportación de lodos contaminados de canal Tula en zona urbana
PACHUCA Hgo., 3 de septiembre de 2018.- En siete meses del presente año, los institutos de seguridad social federales son los que presentan la mayor cantidad de quejas por los usuarios hidalguenses debido a presuntas violaciones a sus derechos humanos, con el 60.2 por ciento de los expedientes levantados.
A través del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos se expone que de enero a julio de 2018 se informa la existencia de un total de 68 quejas entre 18 instancias del gobierno federal en diferentes rubros.
De las casi 70 inconformidades presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un total de 41 corresponden a las principales instancias de seguridad social en el país, es decir, el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
En este punto, el IMSS comprende un total de 30 quejas, lo cual lo hace el ente que ante las cifras presentadas, más vulnera los derechos humanos de los usuarios, en donde resaltan hechos violatorios como la negación de proporcionar medicamentos, presentación indebida del servicio público, presuntas negligencias médicas, omitir prestar asistencia médica especial en caso de maternidad e infancia, entre otros.
En segundo caso, el ISSSTE con 11 quejas es la segunda más reprochada por cuestiones referentes a obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a las que se tiene derecho, omitir prestar atención médica a personas con condiciones de seropositivos o enfermos de SIDA, negligencia médica y otras más.
En tercer sitio se ubica la propia Secretaría de Seguridad Pública con 6 quejas, entre los que se mencionan hechos violatorios como privar del derecho a la educación a personas pertenecientes a un grupo, privar a un menor de cuidados continuos, así como el desempeño ineficiente de las funciones que le corresponden.
En el caso de las 15 instancias restantes se informa que poseen de una a tres quejas por lo que consideran las personas perjudicadas, la existencia de daños a sus derechos fundamentales, mismas que se encuentran en investigación.