Incumple Gobierno reparación de daños a víctimas de violencia obstétrica

PACHUCA, Hgo., 23 de agosto de 2016.- El gobierno del estado incumple con la reparación del daño a dos familias de víctimas de violencia obstétrica. Se trata de Hortencia y Mireya, quienes murieron en 2012 y 2015, respectivamente, a consecuencia de atenciones médicas  tardías y la falta de implementación de medidas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la entidad, informó Regina Tamés Noriega, directora del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE).

Los logros en políticas de género también se determinan cuando hay violaciones a los derechos humanos y se reparan. De nada sirve anunciar avances en erradicar la violencia contra la mujer si es inexistente una justicia pronta y expedita, señaló en entrevista -vía telefónica-, la activista.

Tamés Noriega, exhortó al gobierno de Francisco Olvera Ruíz a que antes de concluir su administración repare el daño a  las dos familias, a quienes se les violaron sus derechos humanos.

El caso Hortencia sucedió en diciembre de 2012, cuando tenía  37 años de edad,  tres hijos y uno en camino. Falleció a causa de las complicaciones de una eclampsia tardíamente atendida. En tanto, su hijo vive con un retraso motriz, a consecuencia del tratamiento extemporáneo.

Por este caso existe una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEH), R-VGJ-0040-13, luego de que la familia acudió al organismo en busca de justicia.

Hasta el momento, no han recibido respuesta de la Secretaría de Salud estatal (SSH), aunque aceptó la recomendación, y no hay reparación del daño, narró Tamés Noriega.

En la recomendación de 2013 el gobierno estatal se comprometió a garantizar la no repetición de estos hechos, cuya consecuencia fue la muerte de Hortencia , sin embargo, señaló la directora de GIRE, en 2015, la familia de Mireya, -una mujer de 17 años-, solicita el  acompañamiento e la asociación por el fallecimiento de la joven producido por un ataque hemorrágico generalizado.

De acuerdo con sus familiares, Mireya llevaba dos controles prenatales, uno privado y otro en el centro de salud de San Miguel Nopalapa, y consideraron que se hubiera evitado su muerte si se hubiesen implementado las recomendaciones de la CDHEH.

De 2012 a 2015 la SSH no aplicó  ninguna medida para garantizar la no repetición de los hechos, según consta en la recomendación de Mireya.

La respuesta de la administración estatal  hacia las familias ha sido por parte de la secretaria Geraldina García Gordillo, quien ha expresado que deben gestionar el recurso con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

A dos años del incidente, el gobierno estatal no ha atendido las recomendaciones emitidas por la CDHEH, por lo que  Regina Tamés espera una respuesta favorable por parte de las autoridades, además de que garanticen que ninguna mujer muera por falta de infraestructura o personal médico.