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PACHUCA, Hgo., a 8 de julio de 2019.- Como una problemática de salud pública definió el embarazo adolescente la titular del Instituto Hidalguense de la Mujer (IHM), María Concepción Hernández Aragón.
En entrevista con Quadratín,la funcionaria habló sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y dio a conocer que, incluso, en el caso de las relaciones sexuales con menores de 15 años, la práctica constituye delito de violación.
Al respecto se refirió al grupo femenino que, dijo, evidentemente sigue necesitando mayor protección, pero la penalidad aplica para ambos sexos.
“Hay dos personas involucradas en un embarazo cuando se toma la decisión de ejercer la sexualidad de manera no cuidada o no informada, pero otra situación es el embarazo en niñas, que casi siempre constituye la comisión de un delito”.
Explicó que utiliza la expresión “casi siempre”, aunque la realidad es que desde el plano jurídico la cópula con menores de 15 años se considera violación y se castiga con prisión de 7 a 20 años y multa de 70 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), punibilidad que aumenta en caso de violencia.
Lo anterior, dijo, porque se puede obtener un consentimiento de un menor de 15 años, pero es viciado, no es informado ni consciente y es posible que la víctima no conozca siquiera las consecuencias de sus actos.
De esta forma, confirmó que la ley permite el aborto en el caso de que las menores de 15 años se encuentren en esta situación.
Por otra parte, al respecto del resto de los embarazos adolescentes, la responsabilidad es de dos, aunque “seguimos batallando con el prejuicio de que si las mujeres ejercemos nuestros derechos sexuales y reproductivos y resulta un embarazo, la responsabilidad primaria y única se da a la mujer”.
Sin embargo, aclaró que sí existen consecuencias jurídicas para los varones, desde el reconocimiento de la paternidad, hasta el cumplimiento de obligaciones alimentarias consistentes en estudios, alimentación, vestido, atención médica y otras necesidades que el hijo o hija requiera.
Habló en particular de los embarazos que son producto de un noviazgo con violencia, en el que alguna de las dos partes presiona a la otra por la exigencia de la “prueba de amor”.
Dejó claro que sí hay una consecuencia para los varones en el plano jurídico familiar, pero que también se puede trasladar al derecho penal en caso de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, aunque reconoció que el asunto repercute de manera inmediata repercute en la vida de las mujeres y socialmente se vive de manera distinta.
Subrayó la importancia de que en estos casos las mujeres continúen con su preparación académica, pues la misma les proporciona mayores oportunidades de desarrollo profesional y personal, lo que deriva en que busquen fuentes de empleo sin seguridad social, con salario menor al mínimo y con condiciones desfavorables para su desarrollo económico.
“La consecuencia parece cíclica, pues si tienes una mujer sin preparación, no podrá tener oportunidad de conseguir un buen empleo y no tendrá autonomía económica, y son estas mujeres las que son sujetas de situaciones de violencia y no pueden desprenderse de las mismas fácilmente por la necesidad económica para la manutención propia y de sus hijos”, explicó, al tiempo que reiteró que negar la educación a una menor embarazada constituye una violación a sus derechos humanos.
Al respecto de estas problemáticas, expuso que el IHM trabaja en conjunto con otras instancias tanto educativas como jurídicas para el acompañamiento de las mujeres en esta situación.
Refirió que se llevan a cabo continuamente exposiciones sobre servicios institucionales para atender a la población joven y adolescente en la prevención del embarazo.
De manera interactiva e informativa, se llevan actividades a jóvenes, que, afirmó, participan con entusiasmo y exponen sus dudas y sí reflexionan los mensajes.
Asimismo, informó que en conjunto con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente se trabaja en acercarse a las metas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, destinadas a disminuir 50 por ciento el embarazo adolescente y dejar en cero el número de embarazos en niñas.
Resaltó en específico el trabajo que se realiza desde el IHM con la población indígena, más expuesta a esta problemática por falta de información. “Realizamos cortometrajes con jóvenes indígenas y talleres con alumnado de las casas del niño indígena. Acercándonos a esta población porque es importante que menores de edad de cualquier género tengan oportunidad de obtener información, a partir dela cual hay una reflexión y una concienciación”, finalizó.