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CIUDAD DE MÉXICO, 21 de mayo de 2020. — El llamado Censo del Bienestar es la base de la construcción de la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde su anuncio, en el periodo de transición, desató múltiples críticas. Fue presentado como un ejercicio en el que un grupo de voluntarios, denominados Servidores de la Nación, recorrería todo el país, casa por casa, para identificar a los posibles beneficiarios de los programas sociales del gobierno.
Un artículo de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señala que desde la participación de operadores de Morena, pasando por la nula información sobre cómo sería llevado a cabo, hasta la violación de las leyes electorales al aparecer el nombre del Presidente en todos los materiales, el Censo del Bienestar se echó a andar sin ninguna transparencia o rendición de cuentas.
De hecho, apenas el pasado 18 de mayo, más de un año y medio después de que inició el levantamiento, el gobierno hizo pública la metodología y sus principales resultados. A partir de ellos, podemos analizar, por primera vez, el censo para identificar sus aciertos, errores y problemas.
El primer elemento que vale la pena adelantar es que llamar “censo” a este ejercicio es una equivocación —incluso una mentira— con profundas implicaciones en la opinión pública y en las políticas públicas sociales. Todas las definiciones básicas están de acuerdo en que un censo implica el levantamiento y procesamiento de la información de toda una población determinada; puede tratarse de un país o de un grupo bien definido, pero, a diferencia de los ejercicios muestrales, un censo tiene el objetivo de no dejar fuera a nadie.
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