Reforma Indígena, un acto de elemental justicia social; afirman expertos

PACHUCA, Hgo., 10 de agosto de 2020.- El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) llevó a cabo el foro virtual “Hacia una Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”, con destacados expertos nacionales e internacionales que dialogaron sobre la importancia de una reforma en la materia.

Adelfo Regino Montes, director general del INPI, señaló que la última reforma constitucional, publicada en 2001, no atendió los planteamientos fundamentales de los pueblos indígenas, ya que se les consideró como sujetos de interés público, “como si los pueblos fueran materia, fueran un objeto o sujetos pasivos de las políticas públicas”.

“Por eso hoy los pueblos indígenas demandan ser considerados ‘sujetos de derecho público’, sujetos para construir su propio destino, para determinar su condición política y, al mismo tiempo, decidir libremente su desarrollo económico, social y cultural», expresó el titular del INPI.

Por su parte la diputada federal Irma Juan Carlos, quien preside la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso de la Unión y adscrita al pueblo chinanteco, dijo que desde la cámara se han impulsado reformas para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y el tema del derecho a la consulta.

Durante su participación, la presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), Myrna Cunningham Kain, reiteró la disposición del FILAC para promover y apoyar la reforma constitucional impulsada por el INPI.

Por otro lado, el antropólogo Marcos Matías Alonso, del Comité de Expertos del Proceso de Consulta para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, sostuvo que durante los últimos tres sexenios los pueblos indígenas y afromexicanos “quedaron arrinconados en la lista de pendientes”, y recordó que son más de una veintena de artículos que deben ser reformados en la Carta Magna.

Aleida Violeta Vázquez Cisneros, quien también forma parte de dicho Comité en representación del pueblo afromexicano, brindó consistentes observaciones respecto al reconocimiento de los derechos de la población afrodescendiente, quien se encuentra presente en las raíces ancestrales de México.

Enfatizó en que es necesario reconocer y visibilizar las luchas del pueblo afromexicano, y sus aportaciones al país, ya que cuentan con conocimientos milenarios. Por último, resaltó la participación de las mujeres afromexicanas ya que se encuentran permanentemente en actividades orientadas a la reivindicación de su cultura.

James Anaya, ex relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que la reforma al artículo 2 constitucional pretende declarar a la nación mexicana constituida como una unidad, en su diversidad, sustentada en la identidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Lina Pohl Alfaro, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), afirmó que éste es un tema moral y de justicia, pues el reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público es fundamental para la vida del planeta, cuando esta región enfrenta una de las peores crisis económicas, a raíz de la pandemia por Covid 19.

Recordó que colaborar de la mano de los pueblos indígenas representa una oportunidad única para adaptar soluciones basadas en la naturaleza y reinventar la economía ante el cambio climático. En este sentido destacó que los pueblos indígenas son proveedores de conocimientos que contribuyen con el desarrollo sostenible, al implementar buenas prácticas de gestión de los recursos naturales, pues son ellos los mejores guardianes de su territorio.