Tras homicidio de policía en Pachuca, investigan otros robos de vehículos
TEPEJI DEL RÍO, Hidalgo., 9 de noviembre del 2026.- Un comerciante de Tepeji del Río denunció el presunto abuso de autoridad e intimidación por parte de elementos de la Policía Municipal de Tula de Allende, a quienes señaló de presuntamente arrebatarle su teléfono celular para obligarlo a borrar una grabación en la que documentaba una intervención policial indebida.
De acuerdo con el testimonio del afectado, los hechos ocurrieron el domingo 8 de noviembre, alrededor de las 15:15 horas, cuando regresaba de entregar un mueble y circulaba por el antiguo acceso a Amanali, en los límites entre ambos municipios.
El ciudadano aseguró que los uniformados le marcaron el alto sin explicarle los motivos de la revisión, además de cuestionar que elementos de la corporación tulense realizaran acciones de vigilancia presuntamente fuera de su jurisdicción, dentro del territorio de Tepeji del Río.
La situación se agravó cuando el conductor comenzó a grabar con su dispositivo, momento en el que uno de los policías le despojó del equipo y le exigió eliminar el material.
El afectado relató que recuperó su teléfono tras advertir que reportaría lo sucedido a las autoridades de Tepeji del Río y presentaría una denuncia formal; sin embargo, sostuvo que el agente lo obligó a borrar la grabación, aunque el archivo ya se encontraba respaldado en su cuenta de iCloud.
El denunciante afirmó que conserva la evidencia donde es posible identificar a los oficiales involucrados, incluidos su nombre y número de identificación, por lo que anunció que la presentará ante las instancias correspondientes.
Ante lo ocurrido, solicitó la intervención del alcalde de Tula de Allende, Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz, para que se investigue la actuación de los elementos.
Asimismo, el comerciante pidió esclarecer los límites territoriales para la actuación de las corporaciones municipales, reiterando que el incidente ocurrió fuera de la demarcación de Tula de Allende, además de recordar que los ciudadanos tienen derecho a documentar procedimientos policiales.