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PACHUCA, Hgo., 13 de agosto de 2019.- A partir de este día, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo suma a sus cuerpos las unidades de inteligencia e investigación cibernética, así como la referente a inteligencia patrimonial y económica.
Por medio del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, se presentó las nuevas adecuaciones a la PGJE donde se integran estas nuevas unidades para el combate a diferentes tipos de ilícitos en estas modalidades.
La primera en la que se hace hincapié es la creación de la Unidad de Investigación Cibernética e Inteligencia Policial, la cual estará adscrita a la Dirección General de la Policía Investigadora, la cual tiene como finalidad colaborar con las pesquisas relacionadas con medios electrónicos, tecnologías de la información y comunicación bajo la conducción y mando del Ministerio Público y en los parámetros del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Dentro de sus facultades se ubica el monitoreo de la red pública de internet para la identificación de conductas delictivas relacionadas con denuncias e investigaciones cibernéticas ya sea a través de medios cibernéticos o digitales, redes sociales, etc.
Otra de las múltiples facultades les permitirá el coordinar con las áreas operativas, los sistemas de captación y administración de información delictiva para la generación de inteligencia policial.
La segunda unidad incorporada a la procuraduría estatal es la referente a Inteligencia Patrimonial y Económica, cuyo objetivo es el establecer un sistema eficiente y eficaz que permita la obtención de toda la información patrimonial, fiscal y económica existente en diversas instancias locales o federales y su transformación en material de inteligencia, para así combatir las estructuras patrimoniales y económicas de la delincuencia.
Dentro de las facultades que se le otorgan, se establece el generar, recabar, analizar y consolidar información fiscal, patrimonial, económica y/o financiera relacionada con conductas que pudieran estar vinculadas con la comisión de algún delito.
A su vez, se le encomienda el generar datos estadísticos y mapas que identifiquen factores de riesgo, así como patrones inusuales que permitan prevenir, detectar y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto a solicitar a las autoridades competentes la realización de auditorías extraordinarias, en los casos que se identifique la probable comisión o existencia de un hecho con características de delito.
Además de establecer coordinación y comunicación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con las unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas, en aquellos asuntos en los que identifiquen datos, vínculos o cualquier otro elemento o información que requieran solicitar y trabajar de manera conjunta con dichas autoridades.
Dentro de los transitorios de los presentes acuerdos que dan oficial existencia a estas unidades, se establece un periodo de 30 días deberá de dotar de las herramientas y el personal para el cumplimiento de este acuerdo en la Unidad de Investigación Cibernética e Inteligencia Policial; mientras que en el caso de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, se da un periodo de 60 días para su cumplimiento.