CARDONAL, Hgo., 9 de enero de 2019.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 86/2018 el pasado 27 de diciembre de 2018, por presunta violencia física y sexual por parte del líder de educación comunitaria asignado al preescolar comunitario perteneciente al Conafe de la comunidad de Cieneguilla en el municipio de Cardonal, en agravio de 8 menores de edad.

Esta recomendación se emite cuatro años después de los hechos y en el expediente CNDH/2/2014/7776/Q se narra que el 16 de octubre de 2014, la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo remitió el expediente relativo a la queja presentada por siete quejosos, en la que manifestaron que sus hijos (seis menores), todos de 5 años de edad además un menor de 4 años de edad y otro de 3 años, fueron víctimas de violencia física y sexual por parte del líder de educación comunitaria.

Agrega que en las declaraciones ministeriales de dos víctimas y de sus madres, se tuvo conocimiento que el acusado realizaba diversos juegos con las niñas y niños, como “las atrapadas” y que al menor que atrapaba lo encerraba con él en el salón, le vendaba los ojos con una toalla o un gorro y jugaban a “adivina ¿qué es?”; posteriormente les introducía su pene en la boca.

Es importante señalar que el resto de los niños y niñas señalaron, de manera coincidente, que el líder de educación comunitaria les obligaba a jugar, sin embargo, al ser entrevistados estos últimos por la autoridad ministerial no supieron identificar qué era lo que introducía a sus bocas.

El 24 de septiembre de 2014, al enterarse de las conductas que el profesor ejecutaba en sus menores hijos, sus padres solicitaron la presencia del Delegado de Gobierno de la localidad, quien en compañía de otra persona y dos policías comunitarios acudieron a la casa donde se hospedaba, lo detuvieron y entregaron a las autoridades municipales.

Al día siguiente, los padres de familia solicitaron la presencia en esa comunidad, de la autoridad del Conafe, sin embargo, a la reunión acudieron cuatro servidores públicos quienes de acuerdo a su dicho, fueron coaccionados por los inconformes para firmar un convenio en el que se comprometían al seguimiento psicológico y la atención a las víctimas, apoyo económico para gastos de transporte y hospedaje relacionados con las diligencias ministeriales, así como la supervisión e investigación de los líderes de educación comunitaria de la región.

El Conafe instruyó a una psicóloga a acudir los días 27 de octubre, 3, 10 y 17 de noviembre de 2014 a entrevistarse con las madres de siete quejosos. El 23 de octubre de 2014, los padres de familia se entrevistaron con autoridades del Conafe, quienes les ofrecieron apoyo de traslados, atención psicológica y seguimiento al proceso judicial, cubriendo los gastos en dos ocasiones (21 de octubre y 12 de noviembre del 2014), pero posteriormente de manera injustificada CONAFE suspendió los apoyos.

Entre las recomendaciones generales emitidas a Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública y presidente de la junta de gobierno del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la reparación del daño ocasionado a las víctimas directas e indirectas en términos de la Ley General de Víctimas y se proceda a su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, con la finalidad de que puedan tener acceso a los beneficios que conforme a derecho les correspondan, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.

Además, en coordinación y colaboración con el organismo especializado del Sistema Educativo Nacional que al efecto exista y en el plazo de un año contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, deberá realizar un estudio y diagnóstico sobre la violencia en los planteles de educación básica del Estado y en planteles particulares con autorización o con reconocimiento de validez de estudios, el cual deberá ser tomado en cuenta para la elaboración un programa nacional de prevención, atención y erradicación de la violencia escolar, mismos instrumentos que deberán ser ampliamente difundidos y evaluados periódicamente, en términos del artículo 30 de la Ley de Educación y difundido a nivel nacional, enviando a ese Organismo Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Asimismo instruir a quien corresponda para que coadyuve con la CNDH en el trámite y seguimiento de la queja que se presente ante el Órgano de Vigilancia y/o Interno de Control correspondiente, contra las personas servidoras públicas involucradas en los hechos de la presente recomendación; copia de esta Recomendación deberá constar en sus expedientes laborales, y deberán enviarse a este Organismo Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

También elaborar, desarrollar y ejecutar un programa permanente de actividades de educación, capacitación y difusión en materia de derechos humanos, dirigido a prevenir, detectar, atender, sancionar y erradicar los casos de violencia en cualquiera de sus modalidades en los planteles que impartan educación básica en la República, ya sea impartida directamente por el Estado, sus organismos descentralizados y/o los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, y se envíen a la Comisión Nacional las constancias de su cumplimiento.

De la misma manera proponer y convenir a las instancias correspondientes la adecuación del servicio educativo, en el que se realicen revisiones en los centros escolares con el objetivo de asegurar que las instalaciones sean adecuadas para que las niñas, niños y adolescentes puedan ejercer de forma sana y segura su derecho a la educación al interior de los planteles escolares.

Además proponga la adecuación del servicio social que actualmente realizan los estudiantes normalistas en los términos establecidos y, se instruya la creación de un protocolo general homologado para atender, de manera inmediata e integral los casos de violencia escolar en todos los centros educativos, sean públicos o particulares, al interior de la República Mexicana, incluyendo la creación de las instancias y mecanismos procedentes para recibir y atender denuncias sobre violencia en las escuelas, y se envíen a la Comisión Nacional las constancias de su cumplimiento.

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