
Proponen tipificar violencia de género en el Código Penal de Hidalgo
PACHUCA, Hgo., 17 de junio de 2022.- La destitución de funcionarios del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo (CJMH), así como la denuncia de actos de acoso sexual y corruptelas dentro del Poder Judicial de la entidad fue el principal llamado en la protesta de colectivas y organizaciones feministas en las inmediaciones de los juzgados de lo familiar de Pachuca.
Durante un pronunciamiento que hicieron, escenario donde instalaron una mercadita, situación en la cual denunciaron que, si bien su intención era ubicarse en frente de los juzgados, repentinamente se instaló una exposición, esto a decir de las manifestantes, para evitar que pudieran emplear su protesta como se tenía planeado y tenerse que replegar.
Aquí integrantes del Frente Nacional Mujeres, de la Colectiva de Artistas Feministas y más activistas, exigieron en primer lugar la destitución de Margarita Cabrera Román titular del CJMH, pues todas las integrantes del FNM, las cuales tienen carpetas iniciadas en esta instancia, exponen situaciones de irregularidades al interior del centro, toda vez que no les dan respuesta y seguimiento, les hacen perder el tiempo con implementación de terapias de empoderamiento, a lo que consideran, buscan persuadirlas a fin de desistirse de sus carpetas.
Con esto, piden la integración por el CJMH de un padrón de deudores alimenticios, padrón de violentadores de género e infancias, y que en caso de que existan funcionarios públicos como agresores, sean boletinados y suspendidos de sus funciones, toda vez que se les paga de los impuestos en cargos donde deben garantizar la seguridad de las mujeres y actúan de forma contraria.
De igual forma pidieron la separación de su cargo de la titular del Órgano Interno de Control del CJMH Karla Trejo Olín, a la cual acusan de infiltrarse en estos movimientos feministas, en especial de la Colectiva de Artistas para sacar provechos de las mercaditas y aplicarlas ella en otros puntos con la misma temática, pero cobrando 250 pesos a las mujeres para hacer sus actividades, lo cual acusan como un acto de desactivar estos espacios.
En los puntos sobre la mesa, también exigieron revisar el actuar y, en consecuencia, destituir al juez Saúl Ferman Guerrero por acusaciones de acosador y abusador sexual.
Se suman señalamientos contra la jueza Rosalba Cabrera Hernández por conceder la suspensión provisional del proceso en menos de un mes, cuando llevan de 5 a 6 meses de una de las activistas, además de condenar la conducta de la jueza Beatriz Velázquez Nieto quien otorgó la patria potestad esto pese acusaciones de que el padre que se le otorgó la guardia custodia es deudor alimenticio y violentador, situación donde la madre víctima acusa corrupción por parte de la representante del Poder Judicial local.
Otro de los casos en polémica por parte de las activistas feministas es la revisión de la Ley Vicaria, toda vez que fue hecha al vapor, sin contemplar a las víctimas, donde el error fundamental es catalogarla como un delito de orden familiar, y no como violencia en razón de género, por lo cual piden la reformación de este asunto en el Poder Legislativo, donde se acusó que la promovente de la ley, la diputada Erika Rodríguez Hernández jamás las convocó no llamó para bordar el tema de una legislación que acusan, se hizo al vapor.