![](https://hidalgo.quadratin.com.mx/www/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-04-at-4.22.40-a.m.-1-scaled-1160x700-1-107x70.jpeg)
Con resistencia de la oposición, se aprueba en lo general reforma al PJ
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de febrero de 2024.- La discriminación se define como la negación de los derechos, y en el caso de las mujeres que están privadas de la libertad, y de las y los menores que viven con sus madres en la cárcel, se registran múltiples actos de este tipo, afirmó la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Mónica González Contró.
Al abordar el tema “Maternidad en prisiones, afectaciones a las mujeres, a las niñas y niños en el marco del informe temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo que las recomendaciones contenidas en ese documento “nos dan una hoja de ruta”. Se trata de decir lo que está mal, lo cual es relevante, porque debemos partir del diagnóstico de lo que sucede, y también saber qué tenemos que hacer para que, junto con sus hijos, tengan garantizados sus derechos fundamentales que no les han sido restringidos, abundó al moderar el Ciclo de Conferencias introductorias al Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación.
A su vez, la excoordinadora del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del IIJ y estudiante del doctorado en Derecho que coordina dicha entidad académica, Magdalena Cervantes Alcayde, refirió: El documento titulado “Mujeres privadas de la libertad en las Américas” señala el crecimiento de la población carcelaria femenina.
Actualmente ellas representan ocho por ciento; sin embargo, en las últimas dos décadas la proporción se ha incrementado en más del doble. En el Aula Centenario del IIJ destacó que en las políticas en materia de drogas y penitenciarias no se consideran factores como el impacto del encarcelamiento de las mujeres en las personas que tienen a su cargo o bajo su cuidado; o la violencia, exclusión social y laboral que enfrentan.
El estudio refiere que, en general, tienen reducidas oportunidades económicas y educativas, y una cantidad considerable se encuentra en situación de pobreza. Se trata de jefas de familia que llegan a cometer delitos ante la falta de recursos para solventar las necesidades básicas de sus familias. Además, abundó Cervantes Alcayde, coloca otro elemento: un número importante ha padecido violencia física, económica, psicológica, previo al encierro, y una proporción se involucró en delitos relacionados con drogas a partir del consumo.
De las encarceladas, 87 por ciento son madres que están a cargo de hogares monoparentales y son las únicas cuidadoras de los hijos. Su encarcelamiento, en la mayoría de los casos, genera pérdida de los vínculos familiares. Se suma la ausencia de políticas públicas de apoyo a los menores con progenitoras en prisión, resaltó Magdalena Cervantes.
Buscar alternativas
Julieta Morales Sánchez, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que, de acuerdo con cifras del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, a diciembre de 2022 había en México 228 mil personas privadas de la libertad, 12 mil son mujeres.
En numerosas cárceles para ellas en las américas no se prevén espacios para visita conyugal, toda vez que “son abandonadas por las familias porque desafiaron el estereotipo de mujer buena, noble, perfecta, conforme a la ley”. Además, se les considera carentes de deseo sexual y tampoco se ve a los hombres formados para visitarlas cada fin de semana.
La nota completa en Quadratín México.