Localizan cuerpo encobijado abajo de puente en Ixmiquilpan
EPAZOYUCAN, Hgo., 1 de noviembre de 2019.- En reunión con autoridades de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, vecinos del fraccionamiento Xochihuacán finalmente lograron aclarar su situación al respecto de la autorización de tomas de agua y el arreglo de la bomba del pozo que les distribuye el líquido.
Tras haber hecho presencia en el Congreso del Estado durante la comparecencia del titular de la comisión, José Jesús Sanjuanero, en la que el funcionario fue instado por diputados a atender la situación de los vecinos de Xochihuacán, la reunión finalmente se dio para aclarar que el total de los derechos para la operación del pozo y la autorización de tomas de agua es de Caasim, por lo que se descartó cualquier otra actuación por parte de la delegación respaldada por el alcalde Raúl Padilla.
José Jesús Sanjuanero indicó a los vecinos que recibió la instrucción del Gobernador Omar Fayad de apoyarles para resolver el conflicto en lo posible, por lo que los gastos y reparaciones de la bomba serán costeados por Caasim, pero solicitó paciencia a los habitantes de Xochihuacán, pues las obras para la dotación de servicio cuestan cerca de 22 millones de pesos, aunque en tres meses más podrían proporcionar contratos a los usuarios.
Acordaron igualmente que los vecinos serán responsables de pagar el servicio de la luz de la bomba que distribuye el agua de su pozo con una contribución de 50 pesos mensuales que erogarán cubriendo los meses de mayo pasado a enero próximo.
El funcionario aclaró que en ningún momento Caasim requirió el pago de 80 mil pesos para la supuesta reparación de la bomba, al tiempo que dio a conocer que cualquier nombramiento dado por la presidencia municipal de Epazoyucan para autorizar tomas es ilegal, pues el pozo no es propiedad del municipio, sino de la Comisión.
Los vecinos se mostraron molestos por las imposiciones que lleva a cabo el alcalde respecto al fraccionamiento, pues “se toma atribuciones que no le corresponden”, ya que no se han hecho las labores propias para municipalizar el mismo, pero sí se cobra el impuesto predial que, luego, no es devuelto en obras bajo la excusa de que la unidad habitacional no ha sido recibida por la administración municipal.
De esta forma, los vecinos esperan recibir agua regularmente y poder regularizarse por medio de contratos el año próximo, en tanto que también dijeron estar pendientes de la reunión en que se deslinden responsabilidades por diversos señalamientos cuyas pruebas proporcionaron a las diputadas Susana Ángeles y Jajaira Aceves, ello con el fin de verificar el destino de cerca de cien mil pesos presuntamente desviados por la delegada Carmen Escalante correspondientes a supuestos cobros ilegales relacionados con el servicio de agua en el fraccionamiento, ilícito que, afirman, ha sido encubierto.