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TULA DE ALLENDE. 14 de marzo de 2022. En incertidumbre total permanecen vecinos de la calle Leandro Valle del centro de la ciudad ante el posible desalojo de las propiedades que han ocupado durante al menos tres generaciones, como consecuencia de la obra de ampliación y revestimiento del río Tula propuesta por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para evitar inundaciones en la Ciudad de los Atlantes.
Este día, Quadratin recorrió dicha vialidad, para conocer el punto de vista de los residentes de la zona, luego de que el pasado viernes, el diputado federal, Cuauhtémoc Ochoa Fernández dijera que, aunque el anuncio oficial le corresponde a la Conagua, es probable que al menos 80 casas de la franja que está pegada al cuerpo de aguas negras tengan que ser desocupadas definitivamente por sus moradores.
El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), justificó el abandono forzado, puesto que es necesario para ejecutar los trabajos necesarios en el afluente a fin de que no se repitan la tragedia del pasado septiembre, que dejó a más de 35 mil damnificados tanto del primer cuadro, como de 9 localidades más.
Durante una reunión con diversas asociaciones de la sociedad civil, desarrollada el pasado viernes, el asambleísta indicó que serían 800 metros lineales los que se tendrían que desalojar, es decir, el tramo comprendido entre el Oxxo del puente Zaragoza, hasta la abarrotera El Arlequín.
Ochoa Fernández amplió que el problema del polígono de Leandro Valle es que justo en ese punto se hace un cuello de botella que no permitirá el paso del agua ante una eventual creciente del río.
El representante del gobierno de la República no habló de posibles indemnizaciones, sólo de una inminente desocupación para ejecutar las obras del río, por lo que dejó a la población con enorme zozobra.
Este medio visitó los locales y domicilios de varios propietarios de terrenos asentados en la franja citada por el morenista, quienes dijeron que sí supieron de la mesa de trabajo del fin de semana, pero indicaron que, hasta ahora las autoridades no les han dicho nada.
La interrogante, en al menos cinco casos fue: ¿a dónde iremos si nos desalojan?