Confirma Gobierno de Hidalgo intervención por 2 sepulturas ilegales en Atotonilco de Tula

PACHUCA, Hgo., 8 de octubre de 2026.- El secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, confirmó que autoridades ministeriales y sanitarias intervinieron en dos sepulturas de la comunidad de La Cañada, en Atotonilco de Tula, que calificó como clandestinas por carecer de autorización.

El funcionario explicó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), las autoridades sanitarias y el ayuntamiento participaron en las diligencias para atender las irregularidades relacionadas con los entierros.

Olivares Reyna sostuvo que las autoridades actuaron conforme a sus facultades y que ahora corresponde a la Procuraduría continuar con las investigaciones para determinar las circunstancias en que se realizaron las inhumaciones.

“Tenemos entendido que fueron dos, dos tumbas clandestinas”, declaró.

DENUNCIAS HABRÍAN ORIGINADO LA INTERVENCIÓN

El secretario de Gobierno señaló que la existencia de las sepulturas habría sido denunciada ante las autoridades, debido a que presuntamente carecían de permisos del Registro del Estado Familiar y de las instancias sanitarias.

“Tengo entendido que fue una denuncia, o quizás fueron más”, expresó al señalar que corresponderá a la Procuraduría precisar el origen de las investigaciones.

Olivares Reyna argumentó que permitir entierros fuera de espacios autorizados puede representar riesgos sanitarios y dificultar las investigaciones relacionadas con personas desaparecidas.

Sin embargo, no afirmó que los dos entierros de Atotonilco de Tula estuvieran vinculados con alguna desaparición o hecho delictivo.

El funcionario consideró que la intervención permitió atender una situación irregular, aunque no detalló el destino de los cuerpos exhumados ni las condiciones en que se realizó su posterior inhumación.

POBLADORES DENUNCIARON EXHUMACIÓN DE DOS CUERPOS

El conflicto comenzó el 3 de octubre, cuando habitantes de La Cañada denunciaron la exhumación de los restos de un adulto y un menor de edad en un terreno que consideran parte de su panteón comunitario.

De acuerdo con los señalamientos de los pobladores, los familiares no habrían sido notificados previamente sobre el procedimiento, situación que provocó inconformidad en la comunidad.

La protesta derivó en el bloqueo de la carretera Tula-Jorobas y una movilización frente a la presidencia municipal, donde posteriormente se reportaron daños en el inmueble.

Los habitantes cuestionaron la intervención de las autoridades y exigieron explicaciones sobre el retiro de los restos humanos.

DESCARTAN RELACIÓN CON VIVIENDAS DEL BIENESTAR

Guillermo Olivares Reyna aseguró que la investigación sobre las sepulturas es independiente del proyecto de construcción de aproximadamente 200 Viviendas del Bienestar en la comunidad de La Cañada.

“En relación con lo de los sepulcros, que es un tema independiente de lo de las Casas del Bienestar”, expresó al ser cuestionado sobre la intervención de la Secretaría de Gobierno en el conflicto.

Sin embargo, habitantes de la localidad han relacionado ambos asuntos, debido a que mantienen inconformidades por el proyecto habitacional y las condiciones del terreno donde se pretende desarrollar.

Desde meses anteriores, vecinos han manifestado preocupación por la disponibilidad de servicios básicos, principalmente agua potable, así como por las posibles afectaciones a su comunidad.

PROCURADURÍA MANTIENE DOS INVESTIGACIONES

El encargado del despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbún, informó previamente que existen dos investigaciones relacionadas con los acontecimientos en Atotonilco de Tula.

Una corresponde a las circunstancias de las inhumaciones realizadas en el predio, mientras que la segunda deriva de una denuncia por presuntas amenazas y daños en la presidencia municipal.

Fernández Hasbún también aclaró que las diligencias ministeriales no requerían el cierre del ayuntamiento, por lo que la suspensión de actividades fue una decisión de la presidenta municipal, Yocelyn Tovar Mendoza.

Por su parte, Olivares Reyna señaló que no tiene conocimiento de otras sepulturas en condiciones similares en municipios de Hidalgo.

Las investigaciones deberán esclarecer si los entierros contaban con autorización, cómo se efectuaron las exhumaciones y si se respetaron los procedimientos legales correspondientes, mientras persisten los cuestionamientos de los habitantes de La Cañada.