Exigen a alcaldesa de Tepeji cumplir requerimiento de juez federal

TEPEJI DEL RÍO, Hgo., 6 de noviembre de 2026.- La negativa de la presidenta municipal de Tepeji del Río, Tania Valdez Cuéllar, de reconocer que fue requerida por un juez federal para informar sobre la demolición de oficinas del comité de festejos de la comunidad indígena de San Ildefonso, Tepeji, generó cuestionamientos entre habitantes de la localidad.

Los pobladores difundieron el requerimiento judicial y acusaron que la alcaldesa miente y evade su responsabilidad de informar sobre la intervención del inmueble que anteriormente albergó la Mayordomía de la localidad y la delegación auxiliar.

El documento establece un plazo de tres días para que la presidenta municipal rinda un informe relacionado con la autorización que habría otorgado para demoler las oficinas del Comité de Festejos 2025-2026.

El caso se remonta al 22 de octubre del presente, cuando un grupo de particulares derribó la construcción, en un contexto de confrontación entre dos sectores de la comunidad que mantienen diferencias por la integración del Comité de Festejos y la organización de la feria de enero de 2027.

El grupo que efectuó la demolición actuó supuestamente con el aval de la presidenta, lo que provocó inconformidad entre otro sector de habitantes, quienes cuestionaron la legalidad del derribo y la presunta participación del gobierno municipal.

Durante una entrevista, Tania Valdez Cuéllar sostuvo que no ha recibido ninguna notificación del juez federal. No obstante, los inconformes exhibieron el requerimiento y exigieron que la edil cumpla con la disposición judicial.

La alcaldesa negó que personal del ayuntamiento haya realizado el derribo o que se hubiera proporcionado maquinaria para ejecutar los trabajos.

En cambio, afirmó que la decisión correspondió a los habitantes de San Ildefonso, quienes habrían acordado construir un salón de usos múltiples de tres niveles.

Esa versión fue rechazada por la parte demandante, que sostiene que no existió una asamblea comunitaria que autorizara la demolición de las oficinas.

Valdez Cuéllar reconoció que las áreas municipales de Desarrollo Urbano y Obras Públicas participaron en la delimitación del predio y en la elaboración del proyecto arquitectónico para la nueva edificación, pero no en el derrumbe provocado de las oficinas de festejos.

Los habitantes exigieron que se esclarezca la intervención de las autoridades municipales y que la presidenta municipal presente el informe solicitado por el juez federal.

El conflicto mantiene en disputa la representación comunitaria y el control de los preparativos de la feria de enero de 2027.