Gobierno de Tula está corriendo a comercio: locatarios

TULA DE ALLENDE, Hgo., 11 de marzo de 2022.- Propietarios de negocios de diversos giros consideraron que el gobierno de Manuel Hernández Badillo está ahuyentando y corriendo al comercio formal a través de la dirección de Reglamentos y Espectáculos, que, a partir de la presente semana, lleva a cabo una campaña de clausuras y cobros excesivos en licencias de funcionamiento con fines recaudatorios.

Los quejosos se vieron respaldados por la Cámara Nacional de Comercio Tula (CANACO), quien, a través de su presidenta, Estela Moreno Cornejo denunció que, en lo que respecta a los permisos para tener un negocio por ejemplo, hay casos en que, a una abarrotera, que el año pasado pagó 3 mil pesos, para el presente pretenden aumentarle la licencia a 55 mil pesos.

La lideresa consideró que estos incrementos son infundados y fuera de toda lógica, dado que no se puede creer que sean tan abusivos, sobre todo tomando en cuenta que actualmente el comercio del municipio está inmerso en la crisis de la inundación a la que se le suma también la de la pandemia de coronavirus.

En el segundo aspecto, señaló que en el transcurso de la presente semana, se ha enterado de al menos cinco clausuras de negocios indebidas, a quienes se les ha sancionado por tener abierto en un horario que no ha excedido las 20:30 horas.

En este sentido intervino el comerciante, Alberto Cruz Rodríguez, uno de los propietarios de las tiendas abarroteras Arlequín, quien narró como el pasado martes, al filo de las 20:15 horas, personal de Reglamentos acudió a clausurar uno de sus tres negocios, ubicado en la calle Morelos, todo porque, en condiciones de pandemia los comercios tienen que cerrar a las 20 horas.

Reclamó que el municipio y el estado está en semáforo epidemiológico verde en cuanto a la emergencia sanitaria de Covid-19, y cuestionó el motivo de que por ejemplo a los antros y otros giros rojos se les deje operar más allá del 100 por ciento de su capacidad, mientras que al resto del comercio se les restringe. Exigió piso parejo.

Acusó además que la dirección de Reglamentos pretendió cobrarle 60 mil pesos de multa por retirar los sellos de clausura que puso a su establecimiento.

Rigoberto Aguilar Zavala vicepresidente de la CANACO, consideró que por todas estas acciones y por el acoso que en los últimos días ha sufrido el comercio formal del centro de Tula, el gobierno de Manuel Hernández está corriendo o ahuyentando a los mercantes, que apenas se vienen levantando de la crisis de la inundación, en que, algunos registraron pérdidas del 100 por .