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TULA DE ALLENDE, Hgo. 10 de febrero de 2026.- Un enésimo incumplimiento del ayuntamiento de Tula hacía habitantes de San Miguel de las Piedras segunda sección fue evidenciado por pobladores de esa localidad, quienes revelaron que el gobierno de Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz (2024-2027) no ha dado respuesta respecto al recurso de 500 mil pesos que supuestamente autorizó para la compra de un terreno destinado a un nuevo cementerio.
El monto económico fue votado por unanimidad desde el 16 de junio de 2025, pero a la fecha, por diferentes trabas, no ha sido entregado a la comunidad para que complete el proceso de compraventa, y así poder darles cristiana sepultura a sus difuntos.
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Hace más de 10 días, integrantes de la Asamblea, entre ellos, el presidente de la comisión de Panteones del Cabildo, Alfonso Rodríguez Fuentes, comprometieron que la semana pasada, sostendrían una serie de reuniones para tener un resolutivo en cuanto al medio millón de pesos a más tardar el pasado jueves; sin embargo, los residentes dijeron que nuevamente se incumplió.
“Es lamentable que a casi ocho meses de la supuesta liberación del recurso económico, este nada más no se entregue, y mientras tanto nosotros tenemos que padecer la falta de un espacio digno a donde llevar a nuestros fallecidos”.
Los colonos expresaron que la fecha del resolutivo no la pusieron ellos, sino las autoridades, por lo que el quebranto del compromiso es mayor: “sobre todo porque dijeron que sesionarían de manera extraordinaria para sacar adelante el tema ante la urgencia de contar con un cementerio y por el contrario, no hay nada, ni siquiera nos han buscado, además de que sabemos que no han sesionado".
Cabe mencionar que en la sesión ordinaria de Cabildo de la semana pasada, el regidor Noé Paredes Meza, cuestionó al alcalde Cristhian Martínez, el motivo por el cual se le pone tantas trabas a la liberación de un recurso de 550 mil pesos, para la compra del predio del camposanto y su correspondiente escrituración, mientras que los trabajos del parque Quetzalcóatl, pasaron de 22 a 28 millones de pesos, sin el aval del ayuntamiento.