Nuevamente denuncian presuntas irregularidades de interventora del PESH

PACHUCA, HGO., 2 julio 2026.- Como ocurrió en junio del 2023, nuevamente denunciaron irregularidades en el proceso de liquidación del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH), cometidas aparentemente por la interventora, María Rebeca Cruz Bustos.

Hace tres años, la exdirigente del partido local, Sharon Madeleine Montiel Sánchez, explicó en su momento que formalizaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y vistas hacia el Instituto Nacional Electoral (INE) por diversas anomalías como carecer del perfil idóneo para fungir como interventora, alteraciones en plazos para publicar avisos de pérdida de registro, no respetar la prelación de créditos para primero reconocer los derechos laborales de extrabajadores, subsanar obligaciones con proveedores y, finalmente, las sanciones administrativas.

Puedes leer Continúa liquidación del PESH tras casi 5 años sin concluir

Igualmente, que en ese proceso, la interventoría priorizó sus honorarios sobre los adeudos de extrabajadores y proveedores del partido, falseó y ocultó información hacia las autoridades, además que en esa fecha presuntamente desdeñaron la notificación sobre cambios de cuentas bancarias que servían para el depósito de las prerrogativas ordinarias y que se usan para las fases de liquidación.

De acuerdo con el último informe que presentó el Instituto Estatal Electoral (IEEH), refiere que este año arribaron cuatro escritos en los que denuncian hechos presuntamente irregulares.

Por una parte, Liliana Rodríguez Verano (acreedora registrada ante el INE y prestadora de servicios profesionales) presentó un escrito el 15 de mayo del 2026 contra la interventora María Rebeca Cruz, acusando la comisión de conductas delictivas de carácter penal y administrativo, exigiendo el pago de un crédito por un millón 078 mil pesos y solicitando el inicio del procedimiento de remoción por falta grave a las obligaciones de prioridad, diligencia y legalidad.

Asimismo, en mayo del 2026, Heber Antonio González Chávez, exdirigente del PESH, exigió el pago preferente e inmediato de su liquidación de carácter laboral, demandando dar vista de manera inmediata al Órgano Interno de Control (OIC) del IEEH y a la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción del Estado de Hidalgo ante evidencias de una flagrante contradicción, probable falsedad ante autoridad judicial y desvío de los recursos públicos afectos a la liquidación.

El 4 de junio, Rosalío Sánchez González interpuso un recurso de queja administrativa electoral contra la interventora por intento de coacción para desistimiento fraudulento, alteración de plazos legales y resoluciones federales adversas, pidiendo la destitución de Cruz Bustos ante la tentativa violación a principios de probidad, diligencia y profesionalismo, además de conminar a liberar el pago retenido al suscrito por concepto de honorarios y penas convencionales contractuales, toda vez que hasta el 1 de junio de 2026 no existía causa jurídica válida para vulnerar su derecho al salario y al patrimonio.

Finalmente, el 8 de junio, Ismael González Guarneros de BDSI CONTADORES Y FISCALISTAS, S.C. formalizó una queja contra la interventora y requirió al OIC del IEEH iniciar las carpetas de investigación correspondientes por graves faltas de probidad, ocultamiento de pasivos y alteración ilegal de plazos procesales cometidas.