Pemex, responsable de explosión en Tlahuelilpan, determina CNDH

PACHUCA , Hgo., 25 de junio de 2025.- La explosión registrada en Tlahuelilpan el 18 de enero de 2019 que dejó 137 personas muertas y 13 sobrevivientes con lesiones graves, además de 194 menores que quedaron en situación de orfandad, fue responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusó un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A más de seis años del incidente, la CNDH presentó un informe especial en el que responsabiliza a Pemex por omitir acciones preventivas ante un riesgo que ya conocía.

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Pemex Logística, empresa subsidiaria encargada del transporte de hidrocarburos, tenía conocimiento sobre la existencia de tomas clandestinas en la zona y pese a ello, no aplicó medidas para reducir el peligro, detalla el documento.

Según el informe, esta omisión incrementó la letalidad del siniestro y la CNDH también señaló que la petrolera no incorporó mecanismos adecuados de debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos ni de protección ambiental.

El informe revela que la atención a la emergencia implicó un gasto público de 85.57 millones de pesos; sin embargo, Pemex no presentó acciones específicas para reparar el daño ambiental ni social.

Esta falta podría constituir una nueva responsabilidad de la empresa, por no atender sus obligaciones legales y sociales en contextos de riesgo conocido. La CNDH solicitó la creación de un programa de remediación en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Este plan deberá considerar la opinión de las personas afectadas, así como incluir acciones para preservar la memoria de las víctimas, y la Comisión también recomendó garantizar atención médica y psicológica a los lesionados. El organismo autónomo lamentó que ni el Gobierno Federal ni el de Hidalgo hayan establecido comunicación directa con la comunidad afectada.

Tampoco existe un proyecto formal de recuperación del suelo ni un memorial para recordar a las víctimas, por ello la CNDH concluyó que el Estado incumplió con su obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos y de garantizar entornos seguros.