Rechazan pobladores relleno sanitario de Tula

TULA DE ALLENDE, 23 de junio de 2026.- Pese a la manifestación realizada desde temprana hora por cientos de habitantes de Tezontepec de Aldama en contra del funcionamiento del nuevo relleno sanitario regional de Tula, al final de la jornada, los inconformes no consiguieron la cancelación definitiva del proyecto.

Los pobladores, quienes consideran que el vertedero podría contaminar los mantos freáticos cercanos al cerro de El Xicuco, especialmente el manantial de Cerro Colorado, únicamente lograron la firma de un acuerdo para que autoridades estatales analicen la viabilidad de detener la construcción y evitar que el proyecto se concrete.

Puedes leer Persiste problemática ambiental en Tula por apertura de basureros clandestinos

Los pobladores fueron atendidos por el subsecretario de la Semarnath, Magdaleno Cervantes Bautista, quien desde un principio dejó claro que no estaba facultado para decidir sobre la eliminación de la instalación residual, cuya operación no ha empezado de manera formal.

En un primer momento, el representante de la Semarnath elaboró junto con otras autoridades estatales un convenio donde se hacía evidente la continuidad de los estudios necesarios para la habilitación del basurero; sin embargo, este fue rechazado tajantemente por los presentes. El acuerdo se anuló.

Luego los vecinos crearon su propia minuta, en la que se destacó que la edificación del complejo residual quedaría totalmente cancelada y sin derecho a que el proyecto fuera modificado y retomado en otro momento, al menos no en el predio denominado Siete Mezquites, por no ser apto para la construcción de un basurero.

Asimismo, en el escrito se estipuló que el ayuntamiento de Tula debía colectar y transferir la basura depositada previamente en lo que sería el nuevo relleno —aún sin que este entrara en funcionamiento oficialmente— además de que debería pagar los estudios de impacto ambiental para determinar si existió daño ecológico derivado de haber tirado basura en el lugar sin previa autorización, y en caso de ser así, debería resarcir el menoscabo medioambiental.

Otra exigencia fue que se le daban tres días hábiles a la empresa responsable del relleno para sacar del área su maquinaria; de lo contrario, amagaron con prenderle fuego.

Se exigió que el convenio fuera publicado en el Periódico Oficial del Estado (POEH), y se advirtió que en caso de que las autoridades incumplieran con los puntos de la minuta, se expondrían a demandas penales por daños ambientales, además de que los pobladores acudirían a Derechos Humanos y tramitarían un amparo en contra de la operación del basurero de Tula.

Todos estos puntos fueron incluidos en el acuerdo firmado por el subsecretario de la Semarnath, pero al calce de la hoja, Magdaleno Cervantes puntualizó que la firma era únicamente de recibido y solo lo comprometía a informar a sus superiores de la postura de los habitantes y de lo ocurrido; más luego, los “jefes” del servidor público serían los que determinarían la cancelación o seguimiento del proyecto.