PACHUCA, Hgo., 29 de septiembre de 2014.- La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), a través del Centro de Atención a Víctimas (CAVI) consignó como probable responsable del delito de violación agravada equiparada a Uriel Soto Martínez, quien se desempeñaba como instructor del Jardín de Niños del Conafe en la comunidad de Cieneguillas, municipio de El Cardonal.
De acuerdo con la averiguación previa 7/CAVIX/105/2014, las agraviadas son dos menores de edad de quienes se omiten sus identidades por razones legales, presuntamente fueron agredidas sexualmente por Soto Martínez en diferentes fechas y circunstancias.
La directora general del CAVI, Concepción Hernández Aragón, informó que “el miércoles 24 del mes y año en curso, madres de familia del Jardín de Niños Conafe acudieron al delegado de la localidad para hacer de su conocimiento que un instructor presuntamente cometió acciones que podrían ser constitutivas de delitos de naturaleza sexual en agravio de sus menores hijos e hijas, por lo que fue puesto a disposición de la agente del Ministerio Público”.
Tras la denuncia, informó la funcionaria, personal ministerial recabó elementos de prueba y declaraciones de siete alumnos del plantel, la agente señaló que únicamente dos menores refirieron ser víctimas del presunto delito de violación cometida por su instructor de Conafe.
“La averiguación previa se complementó con los peritajes elaborados por especialistas de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, las declaraciones de las menores de edad y sus padres y madres, y lo informado por los agentes de investigación”, señaló Hernández Aragón.
Con todas las pruebas desahogadas, -explicó la titular del CAVI-, se acreditó la probable comisión del delito de violación agravada equiparada y la probable responsabilidad del indiciado, razón por la cual se ejercitó acción penal, solicitándose una orden de aprehensión al Juez Penal correspondiente, la cual fue obsequiada por la autoridad judicial y ejecutada por agentes de Investigación de la SSPH”.
“La penalidad, luego de concluir su proceso y bajo el criterio jurídico del juzgador, podría alcanzar de siete a 18 años y una multa de 70 a 180 días, sin embargo, ésta podría aumentar debido a que es un delito agravado porque las víctimas tenían confianza en el sujeto activo del delito al ser su instructor y porque las tenía bajo su educación” destacó Hernández Aragón.
Uriel Soto Martínez fue puesto a disposición del Juez Penal de Ixmiquilpan bajo la causa penal 203/2014 en
espera de que la autoridad judicial resuelva su situación legal.