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TULA DE ALLENDE, Hgo., 14 de septiembre de 2015.- Gustavo Alonso Gómez, ex trabajador de servicios públicos, demandó a la alcaldía ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, alegando despido injustificado por haber sido separado desde el 28 de mayo de 2014.
La queja del ex servidor público está fundada en que desde la fecha antes señalada fue suspendido de sus funciones por determinación de la Contraloría municipal, a raíz de una queja de las ciudadanas Josefina Castorena y Concepción Ángeles Reséndiz, quienes se dijeron agraviadas por el funcionario.
Sin embargo, manifiesta Gustavo Alonso, él no ofendió en ningún momento a ninguna persona mientras estuvo en el servicio público y mucho menos a quienes lo señalaban, además de que las quejosas no señalaban fecha ni hora precisa del supuesto agravio.
Por si fuera poco, el señalado sostiene que el procedimiento administrativo al que fue sometido y que finalmente derivó en su separación definitiva del cargo, estuvo lleno de irregularidades, entre las cuales se enumeran que el acusado nunca tuvo acceso a las pruebas que presentaron las acusadoras.
Además de que se presentaron testigos con los que nunca se careo por no saber de su existencia y que nunca fue llamado a fue requerido a una audiencia para el desahogo de pruebas.
Situación por la que el demandado requiere a la alcaldía el pago de sus sueldos caídos, el pago de sus vacaciones proporcionales, que se le indemnice por derecho de antigüedad, la parte proporcional del aguinaldo por sus días trabajados hasta mayo de 2014, entre otras prerrogativas, las cuales ascienden a 30 mil pesos.