Gobierno de Tula de Allende violó derechos humanos de pobladores

Tula de Allende, Hgo., 16 de septembre de 2014.- Con la facultad que el gobierno local otorgó conscientemente a un grupo de efectivos policíacos de seguridad privada para “bolsear” a todo aquel asistente a la plaza del Nacionalismo (donde año con año se instala la feria de septiembre), la alcaldía violó las garantías individuales y los derechos humanos de los tulenses.

La muestra de la violación se encuentra consagrada en el artículo 11 constitucional, referente al libre tránsito que dicta: “es la facultad que tiene toda persona de entrar, salir, viajar y mudar de residencia en la República, sin restricción alguna, ni necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.

No obstante, el gobierno del alcalde Jaime Jacobo Allende González violó conscientemente este apartado desde el inicio de las fiestas patrias (el pasado 11 de septiembre), al cercar con láminas toda la plaza del Nacionalismo, incluyendo las jardineras.

Medida que se implementó con el objetivo de restringir el paso con bebidas de cualquier tipo y alimentos al espacio público a fin de obligar a los asistentes al lugar, a comprar todos sus productos de consumo con el concesionario de la festividad a precios exorbitantes.

La restricción fue aplicada aún a las personas que sólo iban de paso por el sitio, por ejemplo rumbo a las instalaciones de la Unidad Deportiva Tula (UDT).

Todo visitante al “recinto ferial” ha sido bolseado por los guardias de seguridad privada, incluyendo niños y adultos mayores, lo que sigue ocasionando molestia entre las personas quienes calificaron como un exceso la medida autorizada por el gobierno municipal.

Lo grave del caso es que los efectivos de seguridad contratados por la alcaldía para aplicar sin excepción la citada restricción, no tienen ninguna facultad de tocar a los ciudadanos ni de revisar sus pertenencias a menos que se encuentren en una propiedad privada.

En todo caso, las revisiones efectuadas debieron de haber corrido a cargo de elementos de seguridad pública, y ni aún así hubiesen sido legales, pues para realizarlas tendrían que haber presentado una orden judicial que justificara la medida.

La administración local, en todo caso, para garantizar el cumplimiento de la constitución, debió tener en cuenta que es obligación del Estado no entorpecer la entrada y salida al y del territorio nacional, el viaje dentro de este o el cambio de su residencia o domicilio.

Finalmente cabe mencionar que una integrante del ayuntamiento, Olga Miriam Martínez Viveros también violó una ley vigente en el país, en este caso la referente al escudo la bandera y el himno nacional, al portar durante la ceremonia de El Grito, un vestido con el escudo nacional en el pecho.

La cual dicta que el Escudo Nacional sólo podrá figurar en vehículos que use el presidente de la República, en el papel de las dependencias de los Poderes Federales y Estatales, así como de las municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares.

El Escudo Nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la papelería oficial, por acuerdo de la autoridad correspondiente apegándose estrictamente a lo establecido por los artículos segundo y quinto de la presente ley.