Jornaleros de Hidalgo también trabajan en condiciones de esclavitud: ONG

PACHUCA, Hgo., 30 de marzo de 2015.- La red de jornaleros agrícolas internos en México detalló que en Hidalgo y en 18 entidades más, la situación de estos trabajadores es de condiciones de semiesclavitud, bajo el amparo y  en constante vulnerabilidad de sus derechos fundamentales.

Así lo manifestaron mediante un comunicado en donde mencionan su posicionamiento por el caso de San Quintín, en donde trascendió que los trabajadores de las fincas de Baja California trabajan en condiciones inhumanas.

La red precisó que la explotación laboral afecta a más de 2 millones de jornaleros que trabajan en campos agrícolas o fincas en estados como Sinaloa, Sonora, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Chiapas.

Según un informe de la organización, los y las trabajadoras viven en condiciones de vulnerabilidad y constante violación a sus derechos fundamentales, sin que hasta la fecha la autoridad haya desarrollado mecanismos de vigilancia, control y protección adecuados.

“Estos campos o fincas pertenecen a empresas nacionales y extranjeras que explotan a sus trabajadoras y trabajadores, sometiéndolos a condiciones de semiesclavitud, bajo el amparo y en ocasiones en contubernio de instituciones públicas que se ven beneficiadas de esta cadena masiva de explotación laboral”, señala la misiva.

La red de jornaleros internos en México, ha encontrado que el 90 por ciento  de los trabajadores no cuentan con un contrato formal de trabajo; un jornalero agrícola trabaja 15 horas al día, mientras que en la Ley Federal del Trabajo está establecida una jornada laboral de 8 horas; en promedio, la jornada media laboral de los JA es de 57 horas para los hombres y 65 para las mujeres.

Asimismo, los problemas de salud en los campos de cultivo son de las principales afectaciones que sufren los jornaleros agrícolas, más del 80 por ciento -según datos del INEGI- no cuentan con prestaciones laborales y sociales.

Las condiciones de vida en los campos de cultivo son infra-humanas: las familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra o en ruinas donde llegan a vivir de 20 a 100 personas, el acceso a la vivienda digna es prácticamente nulo en los campos de cultivo.

De igual forma, los integrantes de la red exigen a las autoridades de los tres niveles de gobierno crear las políticas públicas necesarias para proteger y garantizar los derechos de éstos, incorporarlos a la seguridad social y especial atención a la vulnerabilidad por género.