Ejidatarios bloquean accesos a RSR; exigen saneamiento de inmueble

TULA DE ALLENDE, Hgo., 19 de abril de 2017.- Esta mañana, al menos 50 comuneros del ejido de Tula encabezados por el comisariado Aristeo Hernández Mendoza bloquearon los accesos al Relleno Sanitario Regional de Tula en demanda del tratamiento de basura y el saneamiento del inmueble.

En este momento, los labriegos son atendidos por el director de gobernación, Elmer Céspedes Galindo, quien califica el asunto como una problemática de salud pública y reconoce que «irresponsablemente» es un asunto que se ha dejado crecer.

Los ejidatarios, representados por la litigante Fabiola López Ramírez, demandan la reparación de los daños ambientales provocados desde hace siete años, para lo cual aún no existe cuantificación, en el entendido que hay perjuicios irreparables.

Exigen saber qué desechos se depositan en el relleno ante la presunción de que se tiran residuos peligrosos de factorías e industrias como Pemex o CFE, así como materiales clínicos generados por hospitales de la región.

A la reunión entre ejidatarios y autoridades asisten también representantes de los cinco municipios que depositan basura en el relleno: Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula.

La representación legal del ejido dio a conocer la existencia de una suspensión provisional ante un juez de distrito para que se deje de utilizar el RSR asentado en el expediente 281/2017.

Para intentar destrabar la problemática, el secretario municipal de Tula, Octavio Magaña Soto, refirió que una acción inmediata sería mejorar los caminos interparcelarios del ejido mediante la dirección de obras públicas, además de comprometerse a sanear el relleno cuando acabe la vida útil.

El director de gobernación se comprometió a que los municipios revisen los desechos que se tiran al confinamiento de basura para que los ejidatarios tengan la seguridad de que no se deposita material prohibido, asimismo que se cuantifiquen los daños para fijar una suma y poder negociar.

Al término de la mesa de trabajo entre autoridades y comuneros, los labriegos revelaron la suma pretendida como pago de daños y perjuicios; 400 mil pesos por municipio y por año, cantidad total que ascienden a 2. 8 millones por municipio, haciendo un total de 14 millones de pesos.

Los ayuntamientos en respuesta, dijeron no tener la cantidad pretendida, y agregaron que primero se tendría que revisar mediante cabildo.