En el aire expedientes sobre vulneración de derechos de menores tras cese de Sipinna en Tepeji

TEPEJI DEL RÍO, Hgo., a 18 de diciembre de 2019.- Los procesos, terapias, trámites y otras atenciones que niños, niñas y adolescentes llevan a cabo en las instalaciones de la representación municipal del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes quedarán en el aire hasta una fecha no especificada de enero, luego de que el personal a cargo de Miriam Chávez López fuera cesado de sus labores.

Lo anterior posterior a lo que las trabajadoras de la dependencia señalaron como una campaña de hostigamiento en su contra que ya data de varios meses.

El mismo equipo fue orquestador del proyecto “Sistema Municipal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, por el cual el alcalde Moisés Ramírez recibió reconocimiento estatal del Colegio Libre de Hidalgo a lo que se consideró una de las mejores prácticas de gobiernos locales en septiembre pasado, reconociendo las políticas públicas del organismo.

No obstante, personal jurídico del municipio expuso a Miriam Yoselin Chávez López, Alma Rosa Vázquez Calderón, Itzel Guadalupe Garcia Pérez, María Daniela Vega Reyes y Alma Victoria Cruz Cano que su relación laboral terminaba.

Ello sin consultar o informar la manera en que se llevará a cabo la entrega-recepción de las oficinas en las que se manejan expedientes delicados relacionados con vulneraciones graves a derechos de niños, niñas y adolescentes, incluidos los referentes a abuso sexual, violación, maltrato, entre otros, razón por la que las trabajadoras tomaron las instalaciones de Sipinna, entregándolas hasta la noche de ayer, tiempo durante el cual los propios usuarios les proporcionaron apoyo con cobijas y alimentos.

Por lo anterior, las hoy ex empleadas de Sipinna dieron a conocer, por medio de un comunicado, que su relación laboral ha sido finiquitada “salvaguardando la confidencialidad de la información de las niñas, niños y adolescentes usuarios”.

No obstante, no omitieron declarar que el cese se debió a las denuncias que realizaran por nepotismo y hostigamiento por parte de la administración municipal y no debido a un mal desempeño de sus funciones, al tiempo que reiteraron que el cese laboral tiene como fin dejar en manos de familiares del presidente municipal los destinos del Sipinna sin el menor interés por la protección de los derechos de las infancias.

Acusaron que el nepotismo es una constante que sigue imperando en la administración municipal, ya que se busca colocar a Anel Jiménez Arias, presidenta del DIF Municipal, y a su hermana, Estefanía Jiménez Arias, directora del mismo, al frente del Sistema que exige para los cargos conocimiento sobre la protección y salvaguarda de los derechos de las infancias.

Las ex funcionarias citaron también que sólo se solucionó y finiquitó la relación laboral, así como el proceso de entrega recepción, pero que el resto de las denuncias deberán ser atendidas por las autoridades competentes.

Las hoy ex funcionarias, igualmente, aprovecharon para informar que es necesario que quienes tienen expedientes abiertos en Sipinna cuestionen el destino de los mismos a la alcaldía, ya que muchos se acercaron preocupados por el curso que tomarán sus casos con los cambios de atención de psicólogas y trabajadoras sociales.

Los usuarios, además, desconocen la manera en que se tratarán asuntos delicados relacionados con los expedientes y denuncias por vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, quedando igualmente sin la atención especializada.

Asimismo, las especialistas buscarán los medios legales para deslindarse de cualquier responsabilidad por el posible mal uso de los expedientes que entregarán y se actúe conforme a derecho, pero priorizando la protección de los derechos de los infantes que reciben apoyo en el Sipinna.

Por su parte, organizaciones civiles y personas defensoras de derechos se manifestaron por medio de un comunicado para respaldar al equipo de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna Tepeji del Río, cuyo trabajo reconocieron y respaldaron, por lo que exigieron del alcalde Moisés Ramírez una explicación amplia sobre las acusaciones vertidas por el equipo de Miriam Chávez.

En tanto, la Presidencia Municipal comunicó que las instalaciones quedan bajo resguardo de la Contraloría Municipal, al igual que expedientes, documentos e información confidencial de las y los usuarios.

Igualmente, se confirmó que “la entrega recepción se realizará en el mes de enero y en este lapso queda a cargo de los asuntos que pudieran presentarse el Sistema DIF Municipal, el Instituto Municipal de las Mujeres y el área Jurídica del Municipio”.