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TULA DE ALLENDE, Hgo., 3 de agosto de 2017.- En el marco de la décima sesión extraordinaria de la Asamblea municipal, Tula se convirtió en el primer municipio hidalguense en aprobar por mayoría de votos la iniciativa del gobernador Omar Fayad Meneses en torno a la supresión del fuero constitucional.
Así, munícipes, fueron exhortados por el alcalde Gadoth Tapia Benítez a sufragar a favor de las reformas constitucionales requeridas para suprimir el fuero y poder colocar a Tula como pionero en el tema.
El edil apeló a la reflexión de los asambleístas locales, a quienes pidió atender la exigencia ciudadana para garantizar la igualdad de condiciones ante la Ley, la voluntad política que se tiene de abatir la corrupción.
Sin embargo, la medida provocó posiciones encontradas en los regidores de oposición, quienes dijeron estar de acuerdo en que se quitarán privilegios y prerrogativas jurídicas al afrontar la Ley durante el periodo de su mandato, pero observaron algunos peligros, los cuales pidieron analizar con suficiencia y atender de manera oportuna.
Por separado, Eduardo Durán Laguna y Guadalupe Peña Hernández consideraron que el análisis previo a la aprobación fue simplista e insuficiente y que la eliminación del fuero podría ser utilizado por el oficialismo para violentar la libre expresión, el derecho de petición y una persecución de ideas contrarias al oficialismo.
En respuesta a los señalamientos el Ejecutivo local dijo que las observaciones hechas se deben a una mala interpretación dado que hay garantías de que no se actúe de esa forma dado que para eso están los artículos constitucionales 7 y 8, referentes a la libre expresión y al derecho de petición.
Ante ello, reviraron que el tema de la corrupción no tiene que ver con el fuero, dado que existen cientos de empresarios o gente a fin al poder a los que se les ha demostrado corrupción y malversación de fondos públicos, pero hasta ahora no se les ha juzgado.
Por último, Peña Hernández pidió que en Tula se sancione la impunidad y corrupción, y que se demuestre a la ciudadanía que no se van a permitir en el ayuntamiento, poniendo el ejemplo de que hasta ahora no se ha hecho nada contra el exalcalde Jaime Allende González, pese a que se le comprobaron cientos de anomalías, “aún se están sumando”.
Las reformas efectuadas esta mañana facultan al Congreso estatal para convertirse en un órgano de acusación para conocer de las denuncias por actos u omisiones que cometan los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones que causan perjuicios a los intereses públicos fundamentales y de un buen despacho.
Los sujetos que pueden ser objeto de penalizaciones son los titulares de las administraciones, los síndicos procuradores, los regidores, además de cualquier servidor público gubernamental.
Éstos Podrán ser responsables por los delitos del orden común y de las violaciones graves en derechos humanos que se cometan bajo su gestión para proceder contra el inculpado, y las sanciones de las que se harán objeto es a la destitución, la inhabilitación de la función pública y que podrán ser procesados sin privilegios ni prerrogativas jurídicas.